Las centrales Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila saldrán a concurso público como parte del proceso de privatización estatal.
El Gobierno nacional habilitó la venta de las acciones de cuatro empresas hidroeléctricas estratégicas. Se trata de Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila. Todas están bajo control de ENARSA y operan en las provincias de Río Negro y Neuquén. La medida forma parte del plan oficial de privatización de activos del Estado.
El decreto 564/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial, formalizó la decisión. El texto convoca a un concurso público nacional e internacional para vender las acciones. El llamado no tendrá base y será de carácter “competitivo y expeditivo”. La licitación deberá llevarse a cabo dentro de los próximos 60 días.
El Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación durante el proceso. Estará facultado para definir las pautas del concurso, como el esquema de remuneración y los anexos. Las condiciones también incluyen lineamientos técnicos y contractuales. La venta apunta a redefinir el rol estatal en la generación eléctrica.
Las actuales operadoras podrán continuar si presentan una Carta de Adhesión. Tendrán cinco días para confirmar su interés en mantener la explotación. Si adhieren, podrán operar hasta el 31 de diciembre de 2025. También podrán hacerlo hasta que concluya el concurso público.
En caso de no presentar esa adhesión, deberán continuar generando energía al menos durante 90 días hábiles. Esa medida busca garantizar el suministro durante la transición. El Gobierno exige además ciertas condiciones a quienes deseen seguir. Incluyen garantías financieras y respeto a los contratos de concesión.
Las empresas deberán mantener una garantía mínima de cumplimiento de 4,5 millones de dólares. También tendrán que aceptar posibles modificaciones en la estructura de remuneración. A su vez, deberán pagar regalías a Río Negro y Neuquén. Estas provincias son sede de los complejos hidroeléctricos.
Las operadoras tendrán que presentar inventarios detallados de bienes y activos. Deberán postergar la transferencia de ciertos elementos clave. También deberán permitir el acceso a los perímetros de las concesiones. Esto facilitará las inspecciones de los interesados en el proceso de venta.
