El Gobierno avanza con tecnología para controlar las comunicaciones en prisiones
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Seguridad, autorizó la instalación y puesta en funcionamiento de dispositivos de detección y bloqueo de celulares en las cárceles federales. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante la Resolución 336/2026, apunta a impedir el uso indebido de equipos de comunicación móvil dentro de los establecimientos penitenciarios, una práctica que en los últimos años se volvió clave para el funcionamiento de redes criminales desde detrás de las rejas.
Los nuevos sistemas permitirán la detección y el bloqueo de IMEI e IMSI. El IMEI es el número único asociado al hardware de cada teléfono móvil, mientras que el IMSI identifica de manera individual a los abonados de las redes celulares. A través de esta tecnología, el objetivo oficial es localizar, inutilizar y sacar de circulación los aparatos que se utilicen de manera clandestina dentro de las unidades penitenciarias federales.
En los considerandos de la resolución se subraya que resulta imprescindible adoptar medidas concretas para evitar que organizaciones delictivas con miembros alojados en cárceles federales utilicen celulares para coordinar maniobras ilícitas. El texto remarca la necesidad de reforzar las estrategias institucionales destinadas a prevenir, disuadir y neutralizar estas conductas intramuros, vinculadas al empleo de tecnologías de telecomunicaciones que pueden poner en riesgo la seguridad pública.
Implementación y supervisión de la nueva tecnología
Para llevar adelante la instalación de los equipos, el Ministerio de Seguridad instruyó a la Dirección Nacional de Tecnología de la Información, dependiente de la Secretaría de Coordinación Administrativa. Este organismo tendrá a su cargo la gestión de los trámites administrativos necesarios para la adquisición, instalación, mantenimiento y supervisión de los dispositivos de bloqueo y monitoreo.
Uno de los puntos centrales de la implementación será ajustar los parámetros técnicos para que el funcionamiento de los equipos no afecte áreas exteriores a los establecimientos penitenciarios. La intención es focalizar el bloqueo de señales exclusivamente dentro de los complejos carcelarios, evitando interferencias en barrios cercanos, rutas o espacios públicos próximos a las unidades.
Manual de procedimiento y alcance de la medida
Junto con la autorización para instalar los dispositivos, la resolución también aprueba el Manual de Procedimiento para la Detección y Bloqueo de IMEI/IMSI en Establecimientos Penitenciarios Federales. Ese documento fija lineamientos operativos, responsabilidades de las distintas áreas involucradas y pautas para el registro de los dispositivos detectados y bloqueados.
- Define cómo se debe realizar la detección de celulares no autorizados dentro de los pabellones.
- Establece protocolos para el bloqueo de equipos y líneas vinculadas a maniobras delictivas.
- Dispone criterios de supervisión técnica y de auditoría sobre el funcionamiento de los sistemas.
- Prevé medidas para resguardar la cadena de custodia de los dispositivos incautados.
Fuentes oficiales remarcan que la iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia de combate al delito organizado, que incluye el control de comunicaciones, el seguimiento financiero de las organizaciones y la coordinación entre fuerzas federales y sistemas penitenciarios provinciales. El uso de celulares desde las cárceles es señalado desde hace años como un factor clave en estafas virtuales, extorsiones, amenazas y coordinación de robos.
“Resulta imprescindible impedir que las organizaciones criminales con miembros alojados en establecimientos penitenciarios federales utilicen dispositivos de comunicación móvil para planificar y coordinar maniobras ilícitas”, sostiene la resolución publicada en el Boletín Oficial.
La normativa entra en vigencia a partir de este lunes 20 de abril, fecha de su publicación oficial. Con la puesta en marcha de estos sistemas de detección y bloqueo, el Gobierno busca limitar la capacidad operativa de las bandas que continúan dirigiendo actividades delictivas desde el encierro y, al mismo tiempo, enviar una señal de endurecimiento del control penitenciario en el plano tecnológico.
