La medida implicará su incorporación al registro oficial de terrorismo, el congelamiento de activos y el refuerzo de investigaciones por posibles vínculos locales
El Gobierno argentino avanzará en las próximas horas con la declaración de la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista y dispondrá su incorporación al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET). La decisión tendrá impacto directo en los planos judicial, diplomático y de seguridad.
La inclusión en ese listado oficial habilitará el congelamiento de activos, la prohibición de operar en el sistema financiero argentino y el fortalecimiento de las investigaciones sobre eventuales conexiones en el país. Además, permitirá ampliar los mecanismos de cooperación internacional en materia de inteligencia y financiamiento del terrorismo.
La medida se inscribe en un doble contexto. Por un lado, la escalada militar en Medio Oriente, con enfrentamientos directos entre Irán, Estados Unidos e Israel. Por otro, la historia reciente de Argentina, atravesada por los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994, que dejaron más de un centenar de víctimas.
En ambas causas, la Justicia argentina avanzó en la identificación de responsabilidades que apuntan a altos funcionarios del régimen iraní y a estructuras vinculadas a su aparato estatal. En ese entramado, la Guardia Revolucionaria aparece señalada como un actor central en la proyección internacional de esas operaciones, con la participación operativa atribuida a Hezbolá.
Las investigaciones judiciales sostienen que las decisiones se originaron en las más altas esferas del poder iraní, con intervención de organismos de seguridad e inteligencia. Ese antecedente otorga a la decisión del Gobierno un componente específico, vinculado no solo a la política exterior, sino también a causas abiertas y a un reclamo sostenido de justicia en el país.
La Guardia Revolucionaria —creada en 1979 tras la revolución islámica— se consolidó como una estructura clave dentro del sistema político iraní. Funciona en paralelo a las Fuerzas Armadas tradicionales, con autonomía operativa y fuerte influencia en la toma de decisiones estratégicas.
Además de su rol militar, mantiene presencia en sectores económicos estratégicos, lo que le permite financiar su estructura y sostener su influencia. Su poder excede el ámbito institucional y se proyecta como uno de los pilares del régimen.
Su principal brazo en el exterior es la Fuerza Quds, encargada de coordinar operaciones fuera de Irán y de articular vínculos con milicias y organizaciones armadas en Medio Oriente. Ese despliegue constituye uno de los fundamentos de su inclusión en listados de terrorismo por parte de distintos países, entre ellos Estados Unidos, que la designó formalmente en 2019.
En las últimas semanas, la Guardia Revolucionaria adquirió mayor centralidad en la respuesta iraní frente a la ofensiva de Estados Unidos e Israel, con ataques coordinados mediante misiles y drones contra distintos objetivos en la región. Ese rol reforzó su protagonismo en el escenario de conflicto.
En ese contexto, vuelve a cobrar relevancia la figura de Ahmad Vahidi, actual jefe de la organización y uno de los funcionarios iraníes con pedido de captura internacional por el atentado a la AMIA. Su situación refuerza el vínculo entre esa estructura y la agenda judicial argentina.
Desde el punto de vista operativo, la incorporación al RePET permitirá avanzar sobre circuitos financieros, detectar activos y bloquear operaciones vinculadas a la organización dentro del país. También habilitará a los organismos de seguridad a profundizar el monitoreo de posibles conexiones locales.
