El Gobierno apuesta a aprobar Ficha Limpia en el Senado

El oficialismo confía en reunir los votos para avanzar con la reforma

Sesión del Senado nacional durante el debate por la ley de Ficha Limpia

NewsITe

El Gobierno de Javier Milei volvió a poner en el centro de la agenda la llamada ley de Ficha Limpia y se entusiasma con la posibilidad de aprobarla este año en el Senado. Tras el traspié de mayo pasado, cuando la Cámara alta rechazó la iniciativa impulsada por La Libertad Avanza (LLA), en la Casa Rosada calculan que el nuevo mapa político les permitiría alcanzar entre 39 y 40 votos, por encima de los 37 necesarios para lograr la mayoría absoluta que exige una reforma de carácter electoral.

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El proyecto, que ya cuenta con media sanción de Diputados, introduce restricciones para la postulación de candidatos a cargos públicos que tengan condena confirmada en segunda instancia por delitos vinculados a la administración del Estado. La discusión ganó volumen político cuando, en su anterior tratamiento, la norma alcanzaba de lleno a la entonces vicepresidenta y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, hoy cumpliendo prisión domiciliaria tras las sentencias firmes en su contra.

En el oficialismo destacan que, a diferencia de 2024, ahora el interbloque libertario en el Senado, conducido por la porteña Patricia Bullrich, suma 21 bancas, frente a las seis o siete con las que contaba antes del recambio legislativo del 10 de diciembre. Ese crecimiento, sin embargo, no resulta suficiente por sí solo y obliga al Gobierno a tejer acuerdos con bloques dialoguistas y senadores provinciales.

La estrategia de Balcarce 50 apunta a negociar con la Unión Cívica Radical (UCR), que dispone de diez senadores; con el Pro, que reúne tres bancas; y con un puñado de legisladores provinciales que en votaciones anteriores se mostraron proclives a acompañar. En el entorno presidencial calculan que, si se reeditan esos apoyos, el número final podría rondar los 40 votos afirmativos.

Quiénes serían clave para que avance la ley

Entre los radicales que ya se pronunciaron a favor en la fallida sesión de mayo figuran Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela por Corrientes, Maximiliano Abad por Buenos Aires, Flavio Fama por Catamarca, Eduardo Galaretto y Carolina Losada por Santa Fe, Mariana Juri y Rodolfo Suarez por Mendoza, y Daniel Kroneberger por La Pampa. Todos ellos mantienen sus bancas y son considerados aliados potenciales del oficialismo en esta pulseada.

Del lado del Pro, Martín Goerling Lara (Misiones), Andrea Cristina (Chubut) y Victoria Huala también acompañaron la iniciativa en su momento y, según fuentes legislativas, estarían dispuestos a reiterar su apoyo. A ellos se sumarían voces de espacios provinciales como Carlos Espínola (Corrientes) y Alejandra Vigo (Córdoba), además de la radical Edith Terenzi (Chubut), hoy fuera de ese bloque pero alineada en votaciones clave.

En el pelotón de senadores provinciales aparecen los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano, conocidos por su perfil combativo, y la tucumana Beatriz Ávila, habitual aliada del Gobierno. Solo con ese combo, los cálculos oficiales arrojan un piso de 39 apoyos, sin contar a los nuevos dialoguistas que ingresaron en diciembre y que podrían inclinar aún más la balanza.

  • El oficialismo estima que puede reunir entre 39 y 40 votos a favor.
  • La ley impediría ser candidatos a condenados en segunda instancia por delitos contra el Estado.
  • La clave estará en el respaldo de radicales, Pro y senadores provinciales.

“Creemos que Ficha Limpia tiene que salir, la sociedad lo demanda”, afirmó la senadora misionera Sonia Rojas Decut, una de las protagonistas del debate en la Cámara alta.

En el Gobierno barajan dos caminos posibles para reactivar el tratamiento: incorporarlo en un temario de sesiones extraordinarias en febrero o esperar al inicio del período ordinario en marzo. En cualquiera de los casos, el paso previo será el dictamen en comisión y la definición de una redacción que logre equilibrar la presión social por mayores estándares de transparencia con las objeciones de la oposición kirchnerista, que denuncia una supuesta utilización política de la Justicia. En un país acostumbrado a las sorpresas legislativas, el desenlace vuelve a quedar abierto.

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