El Ministerio de Seguridad amplió las excepciones que permiten a las fuerzas federales continuar con el monitoreo de publicaciones cuando existan indicios de posibles ataques o riesgos para la integridad de menores.
El Gobierno nacional modificó el protocolo de actuación de las fuerzas federales frente a posibles delitos detectados en redes sociales y habilitó nuevos supuestos para continuar con el monitoreo de publicaciones cuando existan indicios de amenazas de violencia masiva en escuelas u otros espacios públicos. La medida fue oficializada este miércoles mediante la Resolución 725/2026 del Ministerio de Seguridad, publicada en el Boletín Oficial.
La actualización responde al incremento de amenazas de ataques contra establecimientos educativos y otros lugares de concurrencia pública registrado en los últimos meses. Según el texto oficial, el objetivo es dotar a las fuerzas de seguridad de herramientas que permitan actuar con mayor rapidez ante situaciones que puedan representar un riesgo inminente.
Qué cambia con la nueva normativa
La resolución modifica un artículo del protocolo aprobado en 2024, que regula las tareas preventivas de la Policía Federal y del resto de las fuerzas federales en sitios web y fuentes digitales abiertas.
La normativa mantiene como principio general la protección de los datos personales de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, el personal policial continúa sin poder tratar información sensible ni publicaciones realizadas por menores sin autorización judicial y debe interrumpir el monitoreo cuando detecte que involucra a un menor, dejando constancia de ello y comunicándolo a la autoridad correspondiente.
Sin embargo, la nueva disposición amplía las excepciones que permiten continuar con la investigación. A los casos ya contemplados —como riesgo de vida, situaciones de desamparo, fugas, conductas suicidas o delitos cometidos contra un menor— ahora se suma la posibilidad de seguir con el monitoreo cuando existan indicios fundados de amenazas, planificación o preparación de actos de violencia masiva en escuelas u otros espacios de concurrencia pública, aun cuando el menor involucrado sea señalado como presunto autor.
Mayor capacidad de respuesta
En los casos alcanzados por las excepciones, los agentes deberán dejar constancia escrita de los motivos que justifican la continuidad del monitoreo y comunicar de inmediato la situación a la autoridad responsable de la investigación.
Desde el Ministerio de Seguridad sostuvieron que el protocolo anterior resultaba insuficiente para responder a escenarios de urgencia que, por su gravedad e inminencia, requieren una intervención preventiva inmediata. La medida se enmarca en el Plan Federal de Prevención de Ciberdelitos y Gestión Estratégica de la Ciberseguridad 2025-2027 y en el programa FORCIC, creado en 2025 para fortalecer la detección e investigación de delitos cometidos en entornos digitales.
La resolución comenzó a regir este miércoles con su publicación en el Boletín Oficial y busca compatibilizar una actuación más ágil de las fuerzas de seguridad con las garantías previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para menores de edad.
