Mediante un decreto de necesidad y urgencia, el Ejecutivo de Javier Milei dispuso la cuarta modificación presupuestaria del año. La medida contempla mayores recursos para seguridad social, discapacidad, organismos públicos y compromisos financieros. La ampliación representa un incremento del 10,2% en los créditos vigentes y reduce el superávit previsto para el cierre de 2026.

El Gobierno nacional volvió a modificar el Presupuesto 2026 mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que amplía las partidas de la Administración Pública Nacional en aproximadamente $15,6 billones. La decisión, publicada este jueves 19 de noviembre en el Boletín Oficial, contempla refuerzos para el PAMI, jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y el pago de intereses de la deuda pública, entre otros destinos.
La medida quedó formalizada a través del Decreto 1391/2026, firmado por el presidente Javier Milei y los integrantes del Gabinete. Se trata de la cuarta adecuación presupuestaria del año y representa un incremento del 10,2% respecto de los créditos vigentes.
Uno de los aspectos centrales es su impacto sobre las cuentas públicas. La ampliación reduce en aproximadamente $7,5 billones el superávit proyectado para el cierre del ejercicio, mientras que también contempla una autorización adicional de $78,7 billones para operaciones de crédito público.
Más recursos para el PAMI, jubilaciones y asignaciones familiares
El principal incremento presupuestario corresponde al Programa de Atención Médica Integral (PAMI), que recibirá cerca de $10 billones adicionales. La modificación busca reforzar las transferencias que realiza la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), vinculadas con las retenciones sobre los haberes previsionales.
La decisión también contempla partidas para afrontar el pago de jubilaciones y pensiones, incluyendo las actualizaciones derivadas de la Ley de Movilidad Previsional. Además, se incrementan los fondos destinados a asignaciones familiares y prestaciones por desempleo.
Otros de los programas alcanzados son el Plan 1000 Días, destinado a la atención integral durante el embarazo y la primera infancia, y las transferencias que recibe la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
En materia de discapacidad, el decreto incrementa los recursos del programa Incluir Salud para atender deudas con prestadores, en el marco de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad. También refuerza las partidas para pensiones no contributivas y prestaciones destinadas a sus beneficiarios.
Casi $4 billones adicionales para pagar intereses de deuda
Otro de los principales destinos de la ampliación es el Servicio de la Deuda Pública, que recibirá aproximadamente $3,9 billones adicionales para afrontar intereses y comisiones correspondientes al ejercicio 2026.
La modificación también incorpora cambios en las autorizaciones para operaciones de crédito público, con el objetivo de atender compromisos financieros y adecuar los instrumentos de financiamiento previstos para el cierre del año.
Además, el DNU contempla recursos para cancelar deudas previsionales reconocidas judicialmente. Entre ellas se encuentran obligaciones vinculadas con jubilaciones y pensiones de integrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad.
En ese marco, la norma establece una partida de $543.205 millones destinada al pago de retroactivos originados en ajustes de prestaciones de retirados y pensionados militares y de las fuerzas de seguridad, incluido el Servicio Penitenciario Federal.
Refuerzos para seguridad, inteligencia y empresas públicas
La reestructuración presupuestaria también alcanza a distintos organismos estatales. Entre ellos se encuentran la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), la Policía Federal y las Fuerzas Armadas, que recibirán mayores recursos para funcionamiento, equipamiento y obligaciones previsionales.
En el caso de las fuerzas de seguridad, el decreto contempla fondos destinados a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, tanto para el pago de prestaciones como para afrontar sentencias judiciales firmes.
También se incorporan recursos para el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares, con el objetivo de atender jubilaciones, retiros, pensiones y obligaciones derivadas de embargos judiciales.
Entre las empresas y organismos públicos alcanzados figuran la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), Tandanor, Construcción de Vivienda para la Armada (Coviara), Radio y Televisión Argentina, Educ.ar, Carboeléctrica Río Turbio y la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR).
El Gobierno justificó los cambios para garantizar el funcionamiento del Estado
En los fundamentos del DNU, el Poder Ejecutivo argumentó que la modificación resulta necesaria para asegurar los recursos que requieren los organismos nacionales durante los últimos meses de 2026.
La norma también introduce modificaciones relacionadas con avales del Tesoro para proyectos de infraestructura en Córdoba y Santa Fe. En esta última provincia, se incorpora una garantía destinada a obras de defensa contra inundaciones en el departamento San Javier.
La nueva ampliación presupuestaria se produce cuando restan menos de dos meses para finalizar el ejercicio y vuelve a modificar las previsiones de gastos y recursos aprobadas para 2026.
Aunque el Gobierno sostiene el objetivo de preservar el equilibrio de las cuentas públicas, la decisión implica aumentar los gastos autorizados y reducir parte del superávit que esperaba obtener al cierre del año.

