El plan de concesión que redefine la red vial nacional
NewsITe
El Gobierno nacional formalizó la adjudicación de más de 2.500 kilómetros de rutas bajo el régimen de concesión por peaje, en el marco del proceso de privatización de la empresa estatal Corredores Viales. La decisión quedó oficializada mediante la Resolución 1149/2026, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y publicada en el Boletín Oficial.
La medida se inscribe en la denominada “Red Federal de Concesiones – Etapa II-B” y marca la segunda fase del proceso licitatorio, a través del cual el sector privado asumirá la construcción, explotación, administración y mantenimiento de cuatro corredores estratégicos durante un plazo de 20 años.
El esquema forma parte de la implementación de la Ley Bases, que declaró a Corredores Viales como empresa “sujeta a privatización”. Posteriormente, el Decreto 97/2025 habilitó el procedimiento para avanzar hacia su privatización total bajo la modalidad de concesión de obra pública, reemplazando la gestión estatal directa por operadores privados.
Cómo se distribuyen los nuevos corredores viales
Los tramos adjudicados comprenden rutas clave para el transporte de cargas y de pasajeros, tanto a nivel regional como nacional. En total, se concesionan más de 2.500 kilómetros que se agrupan de la siguiente manera:
- Tramo Mediterráneo: abarca sectores de la Ruta Nacional 7 y la Ruta Nacional 35, e incluye importantes conexiones productivas del centro del país.
- Tramo Puntano: comprende la Ruta Nacional 8, la Ruta Nacional 36, el acceso A-005 y la Ruta 193, ejes que vinculan la región de Cuyo con la pampa húmeda.
- Tramo Portuario Sur: involucra tramos de la Ruta Nacional 9 y de la Ruta Nacional 188, fundamentales para el movimiento hacia y desde puertos del sur de la zona núcleo.
- Tramo Portuario Norte: incluye segmentos de la Ruta Nacional 9, la Ruta Nacional 33 y la variante A-008, corredores neurálgicos para el acceso a puertos del Gran Rosario y el norte bonaerense.
Se trata de rutas por las que circula buena parte de la producción agrícola, industrial y de consumo interno, por lo que la política de concesiones impacta directamente en los costos logísticos y en la seguridad vial.
Quiénes son las empresas que se quedaron con cada tramo
En la resolución oficial se detallan las compañías ganadoras y las tarifas base de peaje ofertadas, sin incluir el IVA. Los resultados de la licitación son los siguientes:
- Tramo Mediterráneo: adjudicado a la unión transitoria de empresas CREDITECH S.A. – PLANTEL S.A., con una tarifa de $1.989,67.
- Tramo Puntano: otorgado a la UTE BASAA S.A. – CECOSA S.A., con una tarifa de $1.440,08.
- Tramo Portuario Sur: también adjudicado a CREDITECH S.A. – PLANTEL S.A., con una tarifa de $1.256,03.
- Tramo Portuario Norte: concesionado a la firma CPC S.A., con una tarifa de $1.856.
Estos valores constituyen las ofertas económicas ganadoras de la licitación y serán la base para el esquema de peajes que cada concesionaria aplicará, sujeto a los mecanismos de actualización que establezcan los contratos y la normativa vigente.
Objetivos y polémicas en torno a la privatización vial
Desde el Poder Ejecutivo sostienen que el traspaso de la operación a empresas privadas apunta a mejorar el mantenimiento de las rutas, avanzar en la ampliación de la infraestructura y habilitar explotaciones complementarias —como áreas de servicios, estaciones de peaje modernizadas y desarrollos comerciales vinculados— que generen ingresos adicionales.
En los considerandos de la resolución se subraya que las concesiones buscan dar respuesta a las reiteradas quejas por el deterioro de la red vial nacional, que en muchos casos presenta calzadas dañadas, demoras en obras clave y mayores riesgos de siniestros viales. El Gobierno plantea que, con inversiones privadas comprometidas contractualmente, se lograrán estándares más altos de transitabilidad y seguridad.
Las nuevas concesiones delegan en el sector privado la gestión de nodos viales estratégicos, con el objetivo de reducir los reclamos por el estado de las rutas y garantizar su mantenimiento a largo plazo.
Organizaciones de usuarios y especialistas en infraestructura seguirán de cerca la implementación de los contratos, la evolución de las tarifas y el cumplimiento de los planes de obra, en un contexto en el que el impacto sobre los costos de transporte y la competitividad regional será un punto central del debate público.
