El Gobierno modificó la reglamentación de la Ley de Defensa de la Competencia para que la Autoridad Nacional de la Competencia comience a operar de inmediato, sin el plazo de transición previsto originalmente.
El Gobierno nacional dispuso una modificación urgente en la reglamentación de la Ley de Defensa de la Competencia, con el objetivo de acelerar la puesta en marcha de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC), organismo encargado de controlar prácticas monopólicas, conductas anticompetitivas y concentraciones económicas. El cambio quedó formalizado a través del Decreto 803/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial.
La medida elimina el período de transición de 60 días previsto originalmente desde la constitución del organismo hasta el inicio de sus funciones. Desde ahora, la Autoridad Nacional de la Competencia comenzará a operar de manera inmediata en cuanto se nombren su presidente, dos vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia y los secretarios instructores encargados de investigar conductas y concentraciones.
Según el decreto, esta modificación busca evitar demoras que podrían paralizar expedientes en curso y afectar la capacidad del Estado para intervenir en casos de abuso de posición dominante, cartelización o restricciones al acceso al mercado. El Gobierno argumentó que la agilidad en la puesta en marcha del organismo es esencial para garantizar la libre competencia y proteger el interés económico general.
Tribunal de Defensa de la Competencia
El Decreto 803/2025 también actualiza la redacción del artículo 28 de la reglamentación de la Ley 27.442, para que el Tribunal de Defensa de la Competencia —órgano clave dentro de la ANC— inicie sus funciones de inmediato una vez constituido el organismo. Además, refuerza la obligación del Tribunal de dar publicidad a sus actos y mantener criterios de transparencia en el uso de recursos, contrataciones y designación de personal.
Hasta que la Autoridad Nacional de la Competencia quede plenamente conformada, la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía seguirá actuando como autoridad de aplicación, tal como establecía la reglamentación previa. Sin embargo, el decreto apunta a que esa transición sea lo más breve posible.
Con esta modificación, el Gobierno busca acelerar la institucionalización de un organismo previsto por ley desde 2018 pero que nunca llegó a ponerse en funcionamiento pleno. La ANC será responsable de evaluar fusiones empresariales, investigar acuerdos entre compañías que puedan restringir la competencia y sancionar abusos en mercados sensibles para los consumidores.
