El gasto público cayó un 11,3% en la cuarta semana de febrero respecto a igual período del año pasado y un 35,1% comparado con la última semana de enero, según un estudio privado.
El principal recorte se observó en las transferencias a las provincias que se desplomaron un 77,2% en comparación con el mismo período de 2022.
Asimismo, el informe de la consultora Analytica observó una disminución del 35,9% en partidas para asignaciones familiares y AUH y del 32,2% en la obra pública.
En tanto, en bienes y servicios se verificó una contracción del 15,6% y en gastos de personal hubo una poda del 9,6%.
Por su parte, el gasto en jubilaciones y pensiones cayó un 8,1% con relación a la cuarta semana de febrero del año pasado.
Los programas sociales registraron un alza del 1,2%, mientras que el mayor aumento se produjo en subsidios económicos que avanzó un 19,5%.
Dentro los subsidios económicos, el mayor aumento se dio en los destinados al transporte, en particular, $44.000 millones al sistema ferroviario y $41.520 millones a los colectivos.
A su vez, hubo un aumento en el gasto en obra pública, principalmente, mediante transferencias de capital a IEASA por $19.000 millones.
El trabajo de la consultora busca evaluar el grado de consolidación fiscal que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, al asumir el cargo.
La dinámica decreciente del gasto público es un factor determinante para cumplir con la meta de déficit fiscal de 1,9% de PBI planteada en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La caída de ingresos que supone el efecto de la sequía, a lo que se suma el cierre de exportaciones por la gripe aviar, pone en jaque las cuentas públicas y obligará al Palacio de Hacienda a seguir afinando el lápiz para cumplir con lo pactado.