El Estado deberá pagar millonarios honorarios en la causa civil caída
NewsITe
El Estado nacional enfrenta ahora una nueva derivación económica vinculada a las causas judiciales contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Tras la caída por “caducidad de instancia” de una demanda civil promovida por Vialidad Nacional, la Justicia fijó los honorarios que deberán percibir los abogados de la exmandataria y de otros once acusados y absueltos: el monto total ronda los 13.614 millones de pesos, cerca de 10 millones de dólares al tipo de cambio de referencia utilizado en el expediente.
La decisión fue adoptada por la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal, luego de que Vialidad Nacional dejara de impulsar el juicio civil iniciado durante el gobierno de Alberto Fernández. Al no haberse realizado las presentaciones procesales necesarias, el tribunal declaró la caducidad de la instancia y dio por terminado el trámite, lo que habilitó la regulación de honorarios a favor de los letrados que intervinieron en la defensa de los imputados.
Pese a ello, el organismo estatal presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para intentar revertir la caducidad y evitar que se consolide la obligación de pago. A raíz de esa apelación, la Cámara había frenado el avance del expediente de honorarios el 14 de julio, a la espera de lo que resolviera el máximo tribunal.
En ese contexto, el 4 de agosto los abogados de Cristina Kirchner, Luis Goldín y Fernando Muriel, acudieron directamente a la Corte para destrabar el proceso y denunciaron una situación de “privación de justicia”. Sostienen que, al estar firme la caducidad para ellos, corresponde que se les liquiden y abonen sus honorarios sin más demoras.
Cómo se distribuyen los casi US$10 millones en honorarios
De acuerdo con la liquidación cuestionada por el Estado, el total a pagar asciende a 13.614 millones de pesos, que se reparten entre doce abogados que representaron a los distintos acusados. El mayor beneficiario sería Miguel Ángel Arce Aggeo, defensor de Juan Carlos Villafañe y José Raúl Santibáñez, quien además actuó como apoderado, lo que le otorga un 40% adicional sobre sus emolumentos.
- Miguel Ángel Arce Aggeo: US$ 2.427.604, el honorario individual más elevado del expediente.
- Mariano Fragueiro Frías y Mario Fernando Ganora: US$ 1.213.802 cada uno, por sus tareas de defensa técnica.
- Luis Goldín: US$ 359.354, como uno de los principales abogados de la expresidenta.
- Fernando Muriel: US$ 216.410, también integrante del equipo que representó a Cristina Kirchner.
- Marcelo Antonio Sgro, Fernando Díaz Cantón, Horacio Faillace, Lucio Simonetti, Santiago Mauricio Perlo y Gabriel Alberto Domenech-Achetone: US$ 433.501 cada uno y US$ 867.001 por cada defensa asumida.
- Oscar Luis Vignale: US$ 866.320, según la regulación efectuada por la Justicia.
La controversia expone el costo económico que puede generar para el Estado una estrategia litigiosa que luego se desactiva o se deja caer en los tribunales. Si la Corte Suprema convalida la caducidad de la instancia y la regulación de honorarios, será el erario público el que deberá afrontar el pago de estos casi 10 millones de dólares.
En juego no sólo está el monto que cobrarán los abogados, sino también el mensaje institucional sobre cómo el Estado impulsa —y sostiene en el tiempo— sus acciones judiciales en causas de alto impacto político.
Mientras se espera la resolución del máximo tribunal, los equipos legales de las partes se preparan para una definición que marcará un precedente en materia de responsabilidad del Estado por costas y honorarios en juicios civiles vinculados a expedientes de corrupción.
