La reforma sería uno de los temas fuertes del eventual llamado a sesiones extraordinarias. El Gobierno tiene una iniciativa en el Senado mientras que Juntos por el Cambio tiene dos en Diputados.
Cuando era inminente la publicación del fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura que impulsó Cristina Kirchner hace 15 años, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto propio en el Senado que podría tratarse si el tema se incluye en las sesiones extraordinarias.
La oposición de Juntos por el Cambio desconfía del Gobierno y le atribuye intencionalidad política a la iniciativa del oficialismo, por lo que lleva presentados dos proyectos alternativos.
Tanto el oficialismo como la oposición coinciden en la urgencia de tratar el tema este verano, ya que en su fallo de mediados de diciembre el máximo tribunal de Justicia otorgó 120 días corridos para realizar cambios en la composición del Consejo.
La Corte exhortó al Congreso a sancionar una nueva normativa por considerar que hasta ahora no se respeto el equilibrio entre los estamentos de la política, los jueces y los abogados que dan forma al organismo encargado de seleccionar y disciplinar a los magistrados.
De no cumplir con este plazo perentorio, que vence el 15 de abril, el cuerpo quedará inhabilitado para firmar resoluciones tras esa fecha y a su vez, será obligado a retomar la integración que tenía antes de la ley de 2006, cuando eran 20 miembros y no 13.
El proyecto del oficialismo, que probablemente reúna la mayoría en el Senado si el Frente de Todos tiene asistencia perfecta y dos aliados (no así en Diputados donde la cuenta es mucho más compleja) apunta a elevar de 13 a 17 los integrantes del Consejo, incorporando dos abogados, un juez y un representantes del ámbito académico y científico.
De prosperar la iniciativa del Gobierno, el Consejo quedaría integrado por cuatro jueces del Poder Judicial (ahora son dos), seis miembros del Poder Legislativo (tres diputados y tres senadores nacionales, siendo dos por el bloque mayoritario de cada cámara, y uno por la primera minoría), cuatro representantes de los abogados (ahora son tres), un representante del Poder Ejecutivo, y por último dos correspondientes a los ámbitos académico y/o científico (hasta ahora había uno solo).
Siguiendo la perspectiva de género presente en el proyecto oficialista, tanto en el caso de los legisladores nacionales como en el del estamento de académicos y científicos, al menos la mitad de los cargos deberán ser ocupados por mujeres.
También deberá haber dos mujeres de los cuatro que representan al estamento de abogados, quienes serían elegidos por el voto directo de acuerdo al sistema D’Hondt por los matriculados en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal o en las Cámaras Federales con asiento en las Provincias.
LOS PROYECTOS DE LA OPOSICIÓN
En la oposición no hay una única mirada y prueba de ello son las diferencias entre el proyecto presentado por el jefe del bloque de la UCR en la Cámara baja, Mario Negri, y el que impulsa el diputado del PRO Pablo Tonelli.
El cordobés propone restaurar la antigua composición del Consejo de la Magistratura de 20 miembros con el presidente de la Corte Suprema a la cabeza (actualmente le tacaría asumir el cargo a Horacio Rosatti).
Además en esa integración aparece un representante del Poder Ejecutivo; cuatro senadores nacionales (dos por el bloque con más integrantes, uno para la segunda bancada y uno para la tercera) y cuatro diputados (misma distribución).
A ellos se les suman cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal (dos por la Capital Federal y dos por el interior); cuatro jueces (dos por la Capital Federal y dos por el interior) y dos representantes del sector académico, en todos los casos respetando la equidad de género.
Según Negri, esta ecuación permitiría recuperar el equilibrio entre los estamentos y terminar con el predominio de la política.
Por otra parte, el proyecto del radical introduce una novedad que tiene que ver con reducir de tres a un año el plazo máximo para tramitar una denuncia contra un juez. “Si la comisión de Disciplina no logra avanzar en ese año, el expediente debe tratarse directamente por el pleno”, detalló.
En tanto, Tonelli propone llevar a 14 el número de integrantes del Consejo, apenas uno más que en el formato actual, al sumar a un representante de la Corte Suprema de Justicia.
Así las cosas, la composición del organismo quedaría de la siguiente forma: un representante de la Corte Suprema, tres representantes de los jueces del Poder Judicial de la Nación, cuatro representantes del Congreso de la Nación, cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal, un representante del Poder Ejecutivo y un representante del ámbito académico y científico.
El proyecto de Tonelli incorpora además un sistema novedoso por el cual cada estamento puede elegir como su representante a una persona que no forme parte del mismo. De esta manera, el representante electo por el estamento desempeñará exclusivamente ese cargo público, sin superponerse con otra función.
Además, el diputado nacional de Juntos por el Cambio busca que los miembros del Consejo de la Magistratura no puedan tener otra profesión que la de abogados.
Actualmente, la ley 24.937, según la modificación introducida por la ley 26.855, requiere para ser consejero las condiciones exigidas para ser diputado de la Nación.
La idea del diputado del PRO es que para ser consejero se exijan las mismas condiciones que para ser juez de primera instancia de la Nación: ser ciudadano argentino, abogado graduado en universidad nacional, tener cuatro años de ejercicio de la profesión y veinticinco años de edad.
En otro orden, Tonelli propone que la presidencia del Consejo sea ejercida por el representante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no necesariamente debe ser el presidente del máximo tribunal sino cualquier representante elegido por este organismo judicial.
La normativa propuesta exige además que las reuniones de comisión sean públicas y que no puedan tener una frecuencia menor a una vez por semana. El plenario tendrá facultad para proceder a la suspensión o remoción de jueces titulares, subrogantes y jubilados, previo dictamen de la Comisión de Disciplina y Acusación, con una mayoría de dos tercios de los miembros presentes.