El Juzgado Correccional N° 1, a cargo del magistrado Sebastián Zubiri, establecerá la responsabilidad de los tres acusados en el millonario fraude financiero. La Cámara había confirmado en junio la elevación a juicio ordenada en diciembre y apelada por los defensores. Sin fecha aún para el debate, Walter Gulías, Héctor Páez y la contadora Paula D´Adamo deberán responder por administración fraudulenta y estafas.
De la redacción de EL NORTE
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Finalmente, el azar decidió que será el Juzgado Correccional N° 1, cuyo titular es el magistrado Sebastián Zubiri, el encargado de juzgar las conductas de los tres imputados en la causa por una multimillonaria defraudación financiera. El enjuiciamiento había sido confirmado en junio pasado por la Cámara de Casación provincial tras una apelación efectuada por la defensa de Héctor Páez, Paula D´Adamo y Walter Gulías, quienes deberán responder cargos bajo la imputación de administración fraudulenta y estafas. Tras ser sorteado el juzgado, solo queda pendiente fijar la fecha del debate, que se estima se llevará a cabo antes de fin de año.
La elevación a juicio había sido pedida por el fiscal Patricio Múgica Díaz, agente de la UFI N° 14, a cargo de la instrucción, a fines de diciembre del año pasado. La titular del Juzgado de Garantías N° 3, magistrada María Eugenia Maiztegui, hizo lugar al pedido y ordenó que se realizara el debate. La medida fue apelada por los abogados defensores de los tres imputados y finalmente la Cámara resolvió confirmando que los acusados sean sometidos a juicio oral en el ámbito judicial correccional.
Los antecedentes de los hechos comenzaron a gestarse en el año 2013 cuando los ahora procesados abrieron la financiera “Casa de Cambio San Nicolás”, la cual poseía distintas sucursales en puntos céntricos de la ciudad. Respecto de la actividad desarrollada, además del cambio de diversas monedas, se ofrecían inversiones en dólares y en pesos a tasas de muy alta rentabilidad. Los inversores se vieron tentados por una oferta que prometía grandes beneficios y así cientos de personas depositaron su dinero. En principio, el funcionamiento no presentaba inconvenientes, pero las complicaciones comenzaron para los ahorristas unos seis años después, cuando los financistas incurrieron en los primeros incumplimientos.
En 2019, cuando los ahorristas ya no lograban recuperar su dinero, comenzaron a ingresar las primeras denuncias y se inició una investigación por múltiples maniobras financieras engañosas. El proceso involucró a Gulías, Páez y D´Adamo, quienes están acusados por la presunta comisión de defraudaciones por cifras varias veces millonarias. Les imputan los delitos de administración fraudulenta y estafas reiteradas en perjuicio de una gran cantidad de ahorristas. Los tres imputados se encuentran con prisión domiciliaria otorgada en diferentes momentos por razones de salud, luego de haber permanecido varios meses alojados en la UP3 en el caso de Gulías y de D´Adamo y en una unidad de Lomas de Zamora en el caso de Páez.
La acusación
En el año 2019 comenzaron a producirse los primeros incumplimientos cuando ya no retornaban a los inversores los intereses ni el capital invertido. Más de cien personas damnificadas empezaron a sumar sus denuncias. El caso se conoció públicamente cuando un ahorrista de 65 años irrumpió armado con un revólver en el departamento que ocupaba Walter Gulías, lo tomó de rehén y amenazó con matarlo y luego quitarse la vida si no le devolvía una inversión realizada por una suma superior a los 30.000 dólares. Luego de horas de tensión y de una larga negociación, depuso su actitud, liberó al financista y se entregó a la policía. Tras las denuncias y las primeras medidas de investigación, la Justicia trabó embargos millonarios para intentar salvaguardar el dinero de los damnificados.
En pleno curso de la instrucción se llevaron a cabo once allanamientos donde secuestraron dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera, documentaciones, equipos informáticos, celulares, notebook, CPU, entre otros elementos. También se trabaron embargos millonarios sobre propiedades inmobiliarias, autos de alta gama y embarcaciones para preservar los capitales de los inversores. Es así que en octubre de 2022 la Justicia efectuó embargos preventivos que habían sido pedidos por la Fiscalía y que alcanzaron una cifra que en ese momento rondaría los 150 millones de pesos. La cautelar recayó en diversas propiedades, entre ellas departamentos, casas y cocheras, además de costosos automóviles de alta gama y embarcaciones. El monto por el que fue trabada la medida precautoria y que es apenas una parte de la cifra que alcanzaría la defraudación fue de casi 600.000 dólares y 10 millones de pesos.
