El avance del comercio ilegal preocupa a empresas y al Gobierno
NewsITe
El contrabando y el comercio ilegal se consolidan como uno de los principales desafíos para la economía argentina. De acuerdo con estimaciones privadas y de organismos internacionales, la actividad ilícita ya representa cerca del 5% del Producto Interno Bruto (PIB), ubicando al país en una situación crítica dentro de la región.
El tema fue eje de debate en el V Encuentro del Consejo de Asociaciones Empresariales Sudamericanas por el Comercio Lícito, donde representantes del sector privado y funcionarios coincidieron en la necesidad de reforzar controles y coordinar políticas con los países vecinos para frenar el avance de estas economías criminales.
Un informe reciente de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual (ASIPI) advierte que, en países como Argentina y Brasil, el contrabando y la falsificación ya equivalen al 5% del PIB, mientras que en México la incidencia trepa al 8%. Estas cifras reflejan no solo la magnitud del problema, sino también el impacto directo sobre la recaudación fiscal, el empleo formal y la competitividad de las empresas que cumplen con las normas.
Celulares, cigarrillos y bebidas, entre los rubros más afectados
Uno de los sectores más golpeados por el comercio ilegal es el de los teléfonos celulares. El presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, advirtió que el ingreso clandestino de smartphones se disparó en los últimos años. En la misma línea, María Eugenia Mayans, gerente senior de Relaciones Gubernamentales de Lenovo, precisó que uno de cada tres celulares que se venden en el país proviene del contrabando, lo que supone alrededor de 3 millones de equipos por año.
Ese volumen coloca a los celulares entre el 5% y el 15% del total del comercio ilegal, según estimaciones sectoriales. A esto se suma el fuerte avance del contrabando de cervezas, tabaco y textiles, segmentos que registran pérdidas millonarias y una competencia desleal permanente para la producción nacional.
La consultora MAP calculó que, solo en concepto de ingresos fiscales no percibidos, la Argentina dejó de recaudar cerca de US$ 2.300 millones por el auge del contrabando. A nivel regional, el gerente de Prevención de Comercio Ilícito de Philip Morris Argentina, Juan José Benítez, alertó que tres de cada diez cigarrillos consumidos en América Latina son ilegales y remarcó que el cigarrillo es hoy “el bien legal más contrabandeado”.
Un desafío para el Estado: fronteras extensas y redes criminales sofisticadas
Desde el sector público reconocen las dificultades para contener el avance del comercio ilegal. Grinman recordó que la Argentina viene de “gobiernos con políticas laxas en materia de controles”, aunque destacó que la actual gestión está intentando dotarse de nuevas herramientas para abordar el problema. La extensión del territorio es una de las principales limitaciones.
Fernando Martín Blanco Muiño, subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, subrayó que el Estado no logra abarcar los 9.300 kilómetros de fronteras ni supervisar los aproximadamente 250.000 comercios de cercanía distribuidos en todo el país. En ese marco, resaltó el rol de las cámaras empresarias como aliadas estratégicas para detectar irregularidades y denunciar circuitos ilegales.
Desde la Dirección General de Aduanas, el asesor Diego Figueroa explicó que el organismo viene trabajando sobre tres grandes ejes: la desregulación de trámites innecesarios, la modernización de normas y sistemas para mejorar la competitividad, y el refuerzo del control sobre el tráfico de mercaderías, en línea con los lineamientos fijados por el Ministerio de Economía.
- Desregulación y simplificación de procedimientos aduaneros para operadores formales.
- Actualización tecnológica y normativa para mejorar los controles en tiempo real.
- Enfoque integral sobre el tráfico de mercaderías y el monitoreo de fronteras.
“El ingreso de mercadería criminal pone en crisis la industria nacional, socava el empleo formal y utiliza las mismas redes que nutren el narcotráfico”, advirtió el secretario de Seguridad Nacional, Martín Ferlauto.
Ferlauto habló de “un cambio de paradigma” en la forma en que el Estado aborda el delito complejo y aseguró que el compromiso oficial es avanzar en la lucha contra el crimen organizado. El objetivo, subrayó, es proteger el comercio legal y, con ello, a trabajadores, consumidores y emprendedores que hoy compiten en desventaja frente a las redes del contrabando y la falsificación.
