El Senado inicia el tratamiento de dos proyectos clave del oficialismo
NewsITe
El Congreso de la Nación se prepara para una semana de alta tensión política con el inicio del debate de dos iniciativas centrales para la gestión del presidente Javier Milei: el Proyecto de Modernización Laboral y la nueva Ley Penal Juvenil, que incluye la baja de la edad de imputabilidad. Ambos temas serán abordados en el marco del período de sesiones extraordinarias.
De acuerdo con lo previsto, el tratamiento de la reforma laboral comenzará este 11 de febrero en el Senado, luego de que el oficialismo decidiera postergar la discusión el año pasado para buscar mayores consensos. La Libertad Avanza (LLA) encara ahora una ronda de negociaciones finas con los bloques considerados “dialoguistas”, entre ellos el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica (CC).
Según trascendió en el ámbito parlamentario, las conversaciones se dan en continuidad con las reuniones que el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo en los últimos meses con distintos gobernadores, en busca de respaldo político para aprobar los proyectos. El oficialismo apuesta a articular acuerdos puntuales artículo por artículo, en un escenario legislativo sin mayoría propia.
Los puntos centrales del proyecto de Modernización Laboral
La iniciativa laboral apunta a una revisión amplia del esquema vigente, con el objetivo declarado de “modernizar” las relaciones de trabajo y fomentar el empleo formal. Entre los ejes más relevantes se encuentra la modificación del sistema de indemnizaciones, que podría ser reemplazado en algunos sectores por un mecanismo alternativo negociado en convenios colectivos.
En esa línea, el proyecto propone la creación de un Fondo de Cese Laboral, que funcionaría como una suerte de seguro financiado periódicamente por aportes patronales, en lugar de una indemnización tradicional abonada al finalizar la relación de dependencia. Además, se contempla una reducción de contribuciones patronales con la intención de abaratar la contratación formal, especialmente en pequeñas y medianas empresas.
Otro de los puntos discutidos es la figura del “Colaborador Independiente”, que se incorporaría como un régimen de trabajo autónomo sin relación de dependencia clásica, con mayor flexibilidad contractual. También se introduce el “Banco de Horas”, que permitiría compensar horas trabajadas de más con descansos posteriores, evitando el pago de horas extras en ciertos casos.
Rechazo sindical y movilizaciones frente al Congreso
Las principales centrales obreras y sindicatos sectoriales expresaron un fuerte cuestionamiento a la reforma. Desde ese arco afirman que el paquete de cambios “no crea puestos de trabajo genuinos y, por el contrario, implica una pérdida de derechos adquiridos y una desprotección creciente para los trabajadores”.
- Convocatoria a movilizaciones frente al Congreso desde el martes.
- Acompañamiento de organizaciones sociales y políticas opositoras.
- Advertencias sobre posibles medidas de fuerza si avanza el proyecto.
Dirigentes gremiales sostienen que la propuesta oficial “abarata el despido y debilita la capacidad de negociación colectiva”, mientras el Gobierno argumenta que los cambios son necesarios para combatir la informalidad y dinamizar el mercado laboral.
La nueva Ley Penal Juvenil y la baja de imputabilidad
En paralelo al debate laboral, el Congreso también abordará el proyecto de Ley Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años. El texto impulsa un régimen especial para adolescentes, con medidas socioeducativas, penas alternativas a la prisión y un límite máximo de 20 años de condena para menores.
La iniciativa plantea que jóvenes de 14 años o más que cometan delitos graves puedan enfrentar sanciones similares a las de adultos, con penas que podrían llegar a 15 años o más, aunque se mantiene la prohibición de alojarlos en cárceles comunes. El foco está puesto en reforzar la respuesta del Estado ante delitos violentos cometidos por menores.
Para hechos con penas menores a 3 años, o de hasta 10 años cuando no haya violencia grave, se priorizarán medidas con fuerte componente social y educativo, tales como la libertad asistida, el acompañamiento de equipos interdisciplinarios y la realización de tareas comunitarias, en lugar de la prisión efectiva.
Debate político y el argumento de la “puerta giratoria”
Desde La Libertad Avanza, el proyecto se presenta como una herramienta para poner fin a la llamada “puerta giratoria” y corregir lo que consideran un escenario de impunidad para menores de 16 años bajo la ley vigente (22.278). Los defensores de la reforma señalan que el cambio normativo busca dar una señal de endurecimiento frente al delito juvenil.
Organizaciones de derechos humanos, especialistas en niñez y sectores de la oposición advierten, en cambio, sobre el riesgo de criminalizar la pobreza y de centrar la discusión en el castigo en lugar de fortalecer políticas de inclusión, prevención y acompañamiento integral. El tratamiento simultáneo de la reforma laboral y la baja de imputabilidad configura así uno de los debates más sensibles de la agenda legislativa de este verano político en la Argentina.
