La medida busca despejar los cortes que mantienen manifestantes desde hace cinco semanas. Los bloqueos afectan el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos en distintas regiones del país.
El Congreso de Bolivia autorizó este domingo al presidente Rodrigo Paz a emplear al Ejército en los operativos destinados a liberar las rutas bloqueadas por manifestantes que exigen su renuncia. La decisión se produjo en medio de una crisis económica y social que mantiene paralizadas numerosas vías de comunicación desde hace cinco semanas.
La Cámara de Diputados aprobó la norma tras una sesión que se extendió durante 15 horas y que concluyó en la madrugada. El proyecto ya había recibido el aval del Senado y fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. La información fue confirmada por el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro.
Los bloqueos son protagonizados por campesinos, mineros, transportistas y otros sectores que reclaman medidas frente al deterioro económico. Las protestas afectan al menos 80 puntos del país, donde los manifestantes levantaron barreras con piedras, troncos y escombros para impedir el tránsito.
La situación golpea especialmente a las ciudades de La Paz y El Alto, donde se registra escasez de alimentos, combustibles y medicamentos. También se reportan dificultades en Cochabamba, Oruro, Potosí y otras regiones.
Mientras analiza declarar el estado de excepción, Paz podría ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en los operativos. Hasta el momento, los militares tuvieron una intervención limitada y la policía antimotines encabezó las acciones para despejar algunas carreteras.
La ley otorga respaldo legal a militares y policías
Uno de los puntos más debatidos de la norma establece que los integrantes de las fuerzas de seguridad y militares, durante el estado de excepción, “gozarán de presunción de legalidad” y que el Estado asumirá su defensa jurídica.
El diputado oficialista Carlos Alarcón defendió la medida y afirmó: “Este artículo no solamente que es necesario, sino es útil, de mucha utilidad para que existan policías y militares que, frente a una violencia que nos está destrozando los derechos (…), estén dispuestos a protegernos”.
La disposición busca evitar que efectivos sean sometidos a procesos judiciales por el uso de la fuerza en contextos de conflicto social.
Persisten las protestas y el llamado al diálogo
El sábado se registraron enfrentamientos en la localidad de San Julián, en la región de Santa Cruz, donde la policía utilizó gases lacrimógenos para despejar una ruta. El saldo fue de seis policías y 14 civiles heridos.
Paz, de 58 años, reiteró en varias oportunidades su convocatoria al diálogo, aunque las principales organizaciones que lideran las protestas rechazaron hasta ahora esa posibilidad. A través de la red social X, el mandatario sostuvo que La Paz y El Alto atraviesan “todavía momentos difíciles, pero también empiezan a registrarse avances concretos”.
El gobierno responsabiliza por la crisis al expresidente Evo Morales, quien rechaza las acusaciones y permanece en la región del Chapare mientras enfrenta una orden de captura vinculada a una causa por trata de menor, hecho que él niega.
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