Con media sanción en Diputados, el proyecto de ley busca modificar el Régimen legal de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, en relación al pago de la Tasa de Justicia a las personas involucradas en procesos judiciales. El Colegio de Abogados de San Nicolás expresó su “profunda preocupación”.
De la redacción de EL NORTE
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El Colegio de Abogados del Departamento Judicial San Nicolás se opuso al proyecto de La Cámpora que busca modificar la Caja de Abogados de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa K propone la eliminación de la sobretasa de Justicia que tiene como destinatario la propia entidad. La cámara de Diputados dio su media sanción al proyecto de ley que modifica el Régimen legal de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, en relación al pago de la Tasa de Justicia a las personas involucradas en procesos judiciales.
“Ante el reciente proyecto de modificación de la Ley 6716, que propone reducir la contribución establecida en el artículo 12 inciso g) y modificar aspectos fundamentales del funcionamiento de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, este Colegio manifiesta su profunda preocupación”, expresó en sus redes sociales el Colegio departamental que preside el Dr. Alejo Maiztegui.
El escrito institucional también indica que “la propuesta legislativa, presentada sin consulta previa a los organismos que representan a la abogacía bonaerense, evidencia una intromisión en un sistema previsional autónomo que ha demostrado su solidez y sustentabilidad a lo largo de décadas”.
“Resulta llamativo el timing político de esta iniciativa que, bajo el pretexto de facilitar el acceso a la justicia, amenaza con desfinanciar nuestro sistema previsional. La experiencia nos demuestra que los intentos de modificación apresurada de sistemas previsionales consolidados suelen responder más a intereses coyunturales que a verdaderas necesidades de reforma. Este Colegio advierte que la aprobación de este proyecto significaría un precedente peligroso que podría derivar en el progresivo desmantelamiento de un sistema que ha garantizado la independencia y dignidad de los profesionales del derecho en su retiro”, añadió el comunicado de los colegiados nicoleños y de la región.
Y concluyó: “Instamos a los legisladores a reconsiderar esta iniciativa y a priorizar el diálogo con los verdaderos actores del sistema previsional de la abogacía bonaerense”.
También el PRO
En tanto, el bloque del PRO en la Cámara baja bonaerense, en voz del diputado Martín Endere, también manifestó su rechazo a la iniciativa K y advirtió que hay un “desconocimiento”.
Endere planteó que “el proyecto que tenemos en consideración, afecta el artículo 12 de la ley 6716, que refiere y reglamenta la caja previsional y social de los abogados de la provincia de Buenos Aires. Esa incorporación del inciso que hoy se busca modificar, se realizó a través de la ley 10.268 del año 1985, pero particularmente lo que nos parece que llama poderosamente la atención, que siendo un derecho constitucional reconocido por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, el derecho de la Constitución de los colegios profesionales, siendo que el colegio de abogados de la Provincia de Buenos Aires cuenta con cuantiosos años de su constitución y lo mismo que la caja previsional, siendo que esta legislatura tiene una comisión específica que reglamenta lo que son los colegios profesionales, de la cual formo parte y doy fe que tiene una atención en las distintas expresiones políticas y de colegiaciones, donde se dan profundos debates y se recibe a los colegios, a los matriculados, a los beneficiarios”.
En esa línea, el legislador de la Séptima sección electoral señaló que “nos llama poderosamente la atención que este proyecto se presente con un tratamiento exprés sin tener o por lo menos poder cuantificar o conocer la incidencia en lo que tiene que ver el patrimonio de la caja previsional de abogados, desconociendo la opinión de la institución, desconociendo la opinión de los distintos colegios de abogados, desconociendo la misma opinión del Poder Ejecutivo, que tiene una dirección de entidades profesionales dentro de la órbita del Ministerio de Justicia y que entre sus funciones tiene la de articular, la de propender leyes en referencia”.