Adorni, escribanos y UIF: cómo son los controles sobre las operaciones

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En medio de la controversia generada por la operación inmobiliaria vinculada al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires salió a remarcar que las transacciones realizadas por funcionarios y otras personas políticamente expuestas (PEP) se informan de manera sistemática a la Unidad de Información Financiera (UIF), sin importar el monto involucrado.
La presidenta de la entidad, Magdalena Tato, explicó que el régimen informativo para PEP forma parte de los controles habituales que aplican los escribanos. “Si sos PEP, sí o sí tenés que informar a la UIF”, señaló en diálogo con Radio Rivadavia, y precisó que ese reporte se incluye en los envíos mensuales que los profesionales realizan al organismo antilavado. Según detalló, cuando en una escritura interviene una persona catalogada como PEP, el sistema la marca y el reporte queda automáticamente incorporado.
Tato diferenció este esquema de los reportes de operación sospechosa (ROS), que se activan solo ante dudas sobre el origen de los fondos. Indicó que es poco frecuente que los escribanos lleguen a ese punto porque, cuando la documentación no cierra o aparecen inconsistencias, muchas veces la operación no se concreta. “Cuando empezás a pedir cosas, se caen las operaciones”, indicó, aunque aclaró que si pese a todo el acto se realiza y persisten las dudas, el profesional está obligado a elevar un ROS a la UIF.
Seguimiento del caso y rol disciplinario del Colegio
Respecto del expediente que involucra a la escribana mencionada en la causa que salpica a Adorni, la titular del Colegio evitó pronunciarse sobre eventuales responsabilidades individuales, pero confirmó que la institución sigue de cerca el desarrollo de la investigación judicial. Remarcó que el organismo actúa como auxiliar de la Justicia y que remite toda la documentación que le es requerida en este tipo de procesos.
La presidenta del Colegio defendió, además, el funcionamiento de los mecanismos internos de control sobre la matrícula. Subrayó que la entidad puede iniciar sumarios disciplinarios y llegar, en situaciones graves, a pedir la destitución de un profesional antes de que exista una condena judicial firme. “Ese ejercicio de poder conlleva una gran responsabilidad y como colegio sí resguardamos que eso se ejerza en forma correcta”, afirmó.
Justificación de fondos y prevención de lavado
- Todos los clientes, sin excepción, deben justificar el origen de los fondos utilizados en la operación.
- Los escribanos clasifican a las personas según niveles de riesgo vinculados al lavado de activos.
- En casos de mayor riesgo, se exige documentación adicional y se intensifica el análisis.
- Si las explicaciones no resultan convincentes, el profesional puede negarse a autorizar el acto.
Tato recalcó que la declaración jurada sobre el origen del dinero no es una exigencia exclusiva de los funcionarios o de las grandes operaciones, sino una obligación general que alcanza a cualquier comprador o vendedor. A partir de esa información, los escribanos aplican criterios de debida diligencia y, en función del perfil del cliente, evalúan si corresponde profundizar los controles.
“Cuando un escribano pone la firma se está obligando con todo su patrimonio”, remarcó Tato al defender la seriedad del ejercicio profesional.
Protección de la vivienda y acceso a la profesión notarial
Más allá de la coyuntura, la presidenta del Colegio aprovechó para destacar la importancia de las herramientas de resguardo patrimonial, en particular la protección de la vivienda —antes conocida como bien de familia—, que impide que el inmueble sea alcanzado por determinadas deudas. Recordó que se trata de un derecho humano básico y que, desde la reforma del Código Civil y Comercial de 2015, puede ser solicitado también por personas que viven solas.
Por último, Tato rechazó la idea de que la actividad notarial sea “hereditaria” o reservada a determinados apellidos. Aseguró que el acceso a la matrícula se realiza mediante exámenes anónimos y competitivos, apoyados en la meritocracia y acompañados por estrictos controles posteriores y formación continua. En ese marco, insistió en que el sistema busca garantizar que cada escritura se firme bajo altos estándares de legalidad, transparencia y responsabilidad profesional.

