Tras las reacciones de entidades transportistas y empresariales, la Sociedad Rural Argentina también advirtió por el impacto negativo que puede tener sobre el sector la aplicación de una tarifa de peaje municipal sobre los camiones que llegan hasta la zona industrial de Ramallo y el Puerto de San Nicolás a través del camino a Sánchez. La entidad recordó que el agro ya sufre por los elevados costos logísticos y expresó su “preocupación” por las consecuencias que la medida puede generar sobre las actividades productivas, comerciales y logísticas.
De la redacción de EL NORTE
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La aplicación de tarifas de peaje sobre el transporte de cargas que transita por el denominado camino de Sánchez, medida impulsada (y acordada con operadores privados) por el gobierno municipal ramallense de Mauro Poletti, no para de sumar rechazos. Esta vez la expresión de “preocupación” sectorial provino del campo, materializada a través de un duro comunicado de la Sociedad Rural Argentina (SRA). Antes la polémica herramienta recaudatoria había sido objetada, sucesivamente, por la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), la Federación de Comercio e Industria de San Nicolás y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).
Tal como ya consignó EL NORTE, el gobierno municipal de Poletti se apronta para implementar en octubre un peaje con tarifas que –según trascendió– alcanzan los $37.000 por pesaje dinámico y $25.000 adicionales para el tránsito pesado que ingrese a Ramallo. El cobro alcanzará a todo el transporte de cargas que ingresa hacia (o egresa desde) la potente zona industrial ramallense, donde tienen asiento grandes industrias como Ternium, Bunge, Fiplasto, Loma NegraXtorage y el parque industrial Comirsa, y el Puerto de San Nicolás.
“Manifestamos nuestra preocupación por la implementación de nuevos cargos aplicados al tránsito de camiones en el partido de Ramallo (Buenos Aires), y advertimos sobre las consecuencias que esta medida puede generar sobre las actividades productivas, comerciales y logísticas de la región”, señaló un comunicado hecho público por la SRA que conduce Nicolás Pino.
Corredor esencial
La entidad rural apuntó contra la intención de ese municipio del norte bonaerense de imponer una suerte de tasa -sin contraprestación alguna- a cada camión que circule por el denominado Acceso Sánchez, un tramo de aproximadamente cinco kilómetros que constituye una vía estratégica para la conexión entre la Ruta Nacional 9, establecimientos productivos, industrias y áreas portuarias.
“Cualquier mecanismo que incremente de manera significativa el costo del transporte debe ser analizado con especial atención cuando recae sobre corredores que resultan esenciales para el movimiento de la producción”, señaló la SRA.
En el caso de la actividad agropecuaria, los mayores costos logísticos terminan impactando sobre toda la cadena, desde el traslado de insumos y granos hasta el acceso a terminales, plantas industriales y puertos.
“La producción agropecuaria argentina enfrenta permanentemente elevados costos de transporte y logística. Por eso, desde la Sociedad Rural Argentina sostenemos que las decisiones de los distintos niveles de gobierno deben orientarse a facilitar la circulación de bienes, mejorar la infraestructura y evitar la creación de cargas que deterioren aún más la competitividad de las economías regionales y de las cadenas productivas”, agregó la SRA.
Y completó: “Acompañaremos las gestiones institucionales que correspondan para que esta situación sea revisada y se preserve el normal funcionamiento de las actividades productivas y comerciales de la región”.
Transportistas
Inicialmente, fue la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) la que días atrás encendió las alertas, al informar su decisión de presentar una denuncia administrativa por este tema ante la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación.
Según FADEEAC, a través de la Licitación Pública 3/25, el Municipio de Ramallo adjudicó a la empresa Plus Byte SRL la instalación de dos pórticos tecnológicos en el ex Camino Provincial Ruta 87 (Acceso Sánchez), y la normativa municipal proyecta cobros de hasta $37.000 por cada pesaje dinámico y $25.000 adicionales por el ingreso a predios industriales o playas de estacionamiento mediante un dispositivo electrónico (TAG).
De acuerdo con FADEEAC, este esquema representa un costo por kilómetro 120% más caro que el peaje del Puente Zárate-Brazo Largo, y se suma a la tasa del 2% sobre cada litro de combustible que la comuna cobra en las estaciones de servicio locales desde enero.
“No podemos permitir que se reinstalen aduanas interiores disfrazadas de tasas de mantenimiento. Si este modelo se replica en otros municipios, no solo se absorbe el margen operativo de las empresas de transporte, sino que se fragmenta el comercio interior, se encarecen las exportaciones y se afecta directamente la competitividad del país”, advirtió Cristian Sanz, presidente de la entidad de transportistas.
En su presentación, FADEEAC también fundamentó que la medida configura una doble imposición tributaria e inconstitucional que viola la Ley de Coparticipación Federal (Ley 23.548) y la Ley Nacional de Combustibles (Ley 23.966).
Al no existir una contraprestación directa de servicio ni una afectación específica de los fondos -los cuales ingresan en un 100% a las arcas municipales y se reparten en un 50% con el concesionario privado-, la entidad solicitó al Ministerio de Economía que pida una medida cautelar de suspensión inmediata ante la Justicia, replicando las acciones promovidas por el Estado Nacional contra otros municipios como Tres de Febrero, San Isidro, San Martín y Morón.
Comercio e industria
El costo del peaje de Poletti impactará sobre el transporte. Y, naturalmente, será trasladado por esas empresas a la industria y el comercio. Las entidades que representan a esos sectores también reaccionaron.
“Rechazamos estas medidas estrictamente recaudatorias que afectan la competitividad y aumentan los costos logísticos para las empresas ligadas al sector productivo”, expresó la Federación de Comercio e Industria de San Nicolás a través de un comunicado.
El titular de la entidad, Andrés Bockl, advirtió en EL NORTE Stream que “esto es algo que no solamente pega sobre las empresas de transporte que tienen que afrontar estos valores, sino que impacta sobre todo el entramado productivo de Ramallo, porque incrementa sus costos de producción”.
El dirigente lamentó la medida en un contexto general que no es sencillo especialmente para la mediana y la pequeña empresa. “Las pymes estamos peleando para que nos reduzcan una carga impositiva que es enorme. Y esta medida, nos resta aún más competitividad en un contexto de suma complejidad caracterizado por la apertura a las importaciones. Nos genera mucha preocupación que la dirigencia política esté tan desconectada de la realidad de la calle”, reflexionó Bockl.
Unas pocas horas más tarde, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) también condenó formalmente la iniciativa, a la que consideró un “esquema de cobro irregular e inconstitucional”.
