En el transcurso de dos años, más de mil funcionarios pertenecientes al Gobierno nacional accedieron a un crédito que les facilitaba la adquisición de una vivienda.
A través de un informe publicado por Ámbito, se conoció que el Banco Nación otorgó un total de 1.120 créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP). Los funcionarios accedieron a estos petitorios por sumas millonarias durante el periodo comprendido entre enero del 2024 y marzo del 2026.
En esa extensión de tiempo, el BNA aprobó 25.391 créditos hipotecarios en total. De ese universo, los 1.120 préstamos destinados a Personas Expuestas Políticamente representan cerca del 4,4% de las operaciones, lo que equivale a aproximadamente uno de cada 23 créditos otorgados.
Cabe destacar que, el rango PEP, regulado por la Unidad de Información Financiera (UIF), comprende a mandatarios de los tres poderes – Judicial, Ejecutivo y Legislativo -, entre otros cargos alcanzados por controles reforzados para la prevención del lavado de activos. Pero no incluye a todos los funcionarios que tengan alguna responsabilidad dentro del Estado, por lo que el listado podría ser aún más largo.
El tema comenzó a tomar notoriedad luego de que transcendieran los nombres de algunos integrantes del Gabinete nacional que fueron beneficiados por la entidad bancaria. Entre ellos figuran el director del Banco Central, Pedro Inchauspe; el asesor del Ministerio de Economía Felipe Núñez; el secretario de Finanzas Federico Furiase; y Leandro Massaccesi, exfuncionario del Ministerio de Capital Humano.
En el mes de septiembre del 2024, y al mismo tiempo que se otorgaban créditos a funcionarios, el Banco Nación realizó modificaciones en las condiciones de la línea hipotecaria “+ Hogares”, incorporando explícitamente a los cargos políticos designados o electivos dentro de los potenciales beneficiarios.
De todas formas, desde el Ejecutivo nacional intentaron restarle relevancia al tema. El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que “menos del 0,2% de los créditos correspondían a personas vinculadas al Gobierno.”.
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