Alrededor del 80% de los internos de la UP3 tiene celulares declarados. Este número se multiplica varias veces por una gran cantidad de chips no registrados. Aunque rige una restricción horaria para su uso. su control es de difícil cumplimiento. La semana pasada el gobierno lanzó un programa de adhesión al sistema federal para bloquear dispositivos en las cárceles provinciales. Apuntan a combatir delitos ejecutados intramuros.
De la redacción de EL NORTE
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Los delitos cometidos desde el interior de las cárceles fueron aumentando en los últimos años de manera alarmante. El uso de celulares, autorizado en tiempos de pandemia, no tenía fecha de caducidad. Desde “adentro” empezaron a ser usados para coordinar extorsiones, tráfico de drogas y hasta para el manejo de bandas criminales. Desde la Fiscalía General de San Nicolás ya en 2022, a través de un informe, habían advertido su preocupación ante el fenómeno creciente.
El tema ocupa tanto al orden federal como al provincial. Fuentes penitenciarias informaron de manera extraoficial a EL NORTE que actualmente en la Unidad Penal N° 3 de San Nicolás más del 80% de las personas alojadas en el establecimiento tienen celulares declarados y que este número se multiplica de manera indefinida porque en su mayoría cuentan con varios chips no registrados. Aunque desde abril de este año comenzó a regir una medida restrictiva para todos los establecimientos carcelarios de la provincia de Buenos Aires, incluida la UP3 de San Nicolás, ésta se vuelve de casi imposible cumplimiento respecto de la restricción horaria. “Es imposible controlar su uso dentro de cada celda” explicaron.
La medida había sido dispuesta luego de que dos jueces camaristas de San Isidro fueran estafados por internos del penal de Magdalena. Las directivas notificadas en ese momento limitando el uso disponían que los celulares solo podían usarse en espacios autorizados como (celda, patio y pabellón) fuera de los horarios de restricción que se extendían desde las 19 hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Disponía además que todo celular secuestrado por uso indebido de redes sociales no sería devuelto y que ante la recepción de un oficio judicial que ordene el allanamiento o secuestro de algún teléfono celular procederán a secuestrar todos los teléfonos en la celda sean registrados o no.
Desde el Gobierno Nacional la semana pasada lanzaron un programa de adhesión al sistema federal para ejecutar el bloqueo de celulares en las cárceles provinciales.
El programa
El texto publicado en Boletín Oficial formalizó el programa que permite a las provincias adherirse al sistema federal de bloqueo de dispositivos móviles en penales, que incluye un protocolo técnico. Apunta a reforzar el combate contra el uso ilegal de dispositivos móviles en cárceles federales y provinciales.
Convoca a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al sistema mediante convenio. Este bloqueo alcanza al IMEI (identificador único del dispositivo), el IMSI (identificador asociado a la tarjeta SIM) y la línea telefónica vinculada, con el fin de dificultar que los internos coordinen maniobras ilícitas desde la cárcel, aún si logran cambiar la SIM del equipo intervenido.
La cartera de Seguridad Nacional es el único punto de entrega de información de los dispositivos detectados en las penitenciarías a las compañías prestadoras para efectuar el bloqueo. Por lo tanto, las provincias por sí solas no podrán ordenar la inhabilitación ante las telefónicas.
El procedimiento se basa en antecedentes normativos como la Ley 24.660, que prohíbe el uso de teléfonos móviles en cárceles, y la resolución previa del ENACOM que precisó las obligaciones de los prestadores. El programa nacional busca ampliar la estrategia que hasta ahora se limitaba al Servicio Penitenciario Federal.
El bloqueo funciona a través de la identificación de los códigos IMEI e IMSI de los equipos móviles que se activen dentro de las áreas de detención o de acceso restringido. Una vez detectados, esos identificadores se reportan a las compañías prestadoras del servicio de telefonía móvil, que tienen la obligación de bloquear tanto la línea como el equipo.
El Servicio Penitenciario Provincial debe monitorear de forma remota los equipos de detección y notificar cualquier incidente de manera inmediata, y las empresas de telecomunicaciones deben ejecutar el bloqueo solicitado. Las operadoras tienen un plazo máximo de 48 horas para confirmar la ejecución del bloqueo una vez recibida la solicitud formal.
El manual también prevé la habilitación de sectores de guarda de dispositivos para personal autorizado —agentes penitenciarios, magistrados, letrados, representantes de organismos de control y miembros diplomáticos o consulares— ubicados fuera de las zonas sujetas a detección. Se realizarán auditorías periódicas para verificar el cumplimiento del procedimiento, y toda la información vinculada al bloqueo de IMEI/IMSI deberá manejarse bajo estrictas normas de confidencialidad.
