Washington endurece su ofensiva contra la Corte Penal Internacional
NewsITe
Estados Unidos anunció nuevas y contundentes sanciones contra la presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), la japonesa Tomoko Akane, y contra el magistrado senegalés Abdoulaye Seye, actualmente a cargo de funciones clave dentro del organismo con sede en La Haya. Se trata de un nuevo capítulo en la ofensiva del gobierno de Donald Trump contra el tribunal internacional, al que acusa de actuar de manera política y de avanzar sobre la soberanía de Estados que no reconocen su jurisdicción.
Según informó el Departamento de Estado, las sanciones incluyen la prohibición de ingreso a territorio estadounidense y el congelamiento de posibles activos en ese país. Akane, en su rol de presidenta, tiene principalmente responsabilidades institucionales y de representación, mientras que Seye habría intervenido en investigaciones sensibles vinculadas con el financiamiento de asentamientos israelíes en Cisjordania y el suministro de armas a colonos, un frente especialmente delicado para Washington.
En un comunicado, el secretario de Estado, Marco Rubio, justificó la medida al señalar que las personas alcanzadas por las sanciones “se han involucrado directamente en los intentos de la CPI para investigar, arrestar, detener o perseguir a funcionarios cuyos gobiernos no reconocen la jurisdicción de la Corte”. El gobierno republicano sostiene que el tribunal es un organismo supranacional “corrupto” y “politizado”, que habría excedido su mandato original al avanzar sobre casos vinculados con Estados que nunca adhirieron al Estatuto de Roma, como Estados Unidos e Israel.
Rechazo de la Corte Penal Internacional y debate sobre el orden legal global
La Corte Penal Internacional reaccionó con firmeza frente al anuncio, al advertir que las sanciones impulsadas por Washington “socavan el Estado de derecho”. A través de un comunicado oficial, el tribunal remarcó que cuando se amenaza o presiona a los actores de la justicia por aplicar la ley, “es el orden legal internacional el que se pone en riesgo”.
La CPI subrayó que continuará con sus investigaciones “con independencia e imparcialidad”, en línea con lo establecido por el Estatuto de Roma, tratado fundacional del organismo que entró en vigor en 2002 y que hoy cuenta con más de 120 Estados parte. Estados Unidos, en cambio, nunca ratificó ese instrumento y sostiene que la Corte no tiene potestad para juzgar a sus ciudadanos ni a los de otros países no firmantes, como Israel.
- Las sanciones alcanzan a la presidenta de la CPI y a un magistrado clave en investigaciones vinculadas con Israel.
- Estados Unidos argumenta que el tribunal es un ente politizado que avanza sobre su soberanía y la de aliados estratégicos.
- La Corte responde que las medidas estadounidenses dañan el Estado de derecho y la arquitectura legal internacional.
“Cuando se amenaza a los actores de la justicia por aplicar la ley, es el orden legal internacional el que se pone en riesgo”, advirtió la Corte Penal Internacional.
El choque entre Washington y la CPI vuelve a exponer la tensión entre la búsqueda de justicia internacional ante crímenes graves —como genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad— y la defensa de la soberanía nacional por parte de las grandes potencias. En el corto plazo, la escalada puede dificultar la cooperación con el tribunal y sumar presión sobre otros Estados aliados de Estados Unidos, mientras en el plano diplomático se reaviva el debate sobre los límites y el alcance de la justicia penal internacional.
