Denuncian persecución política en Corrientes tras el caso Loan
NewsITe
El periodista y activista correntino Miguel Nicolini denunció que fue despedido de su cargo como asesor de comunicación en la Legislatura de Corrientes luego de reclamar públicamente respuestas políticas por la desaparición de Loan Peña, el niño de 5 años visto por última vez en paraje El Algarrobal, en junio de 2024. Según su testimonio, su intervención apuntó especialmente al senador provincial Diego Pellegrini y derivó en la decisión de apartarlo de su puesto.
Nicolini trabajaba en el bloque de Unión por la Patria y, en paralelo, acompañaba al grupo “Madres Corajudas”, integrado por más de 40 mujeres que se organizaron para exigir justicia por Loan y visibilizar otras situaciones de vulneración de derechos en la provincia. En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, recordó que, semanas después de la desaparición del niño, se instaló un “silencio absoluto” en los medios locales, mientras el interés nacional también comenzaba a diluirse.
En ese contexto, el grupo decidió sostener las movilizaciones y los reclamos. “Nuestro objetivo no era solo mantener vigente el caso Loan, sino denunciar la problemática de la trata de personas en Corrientes, la falta de presupuesto y la ausencia de un Defensor del Niño”, explicó el comunicador. También subrayó que la Ley Provincial 5773, sancionada en 2007 para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, nunca se aplicó de manera efectiva.
El cruce con Pellegrini y el despido de la Legislatura
El episodio que marcó un quiebre ocurrió cuando Nicolini se cruzó con el senador Diego Pellegrini en los pasillos de la Legislatura. Allí, le reclamó por un viaje que el legislador habría realizado junto a Laudelina, tía de Loan y una de las personas señaladas en la causa. “Lo vi entrar, le grité, le pregunté por el viaje y por el caso. Lo grabé con mi celular y una semana después me prohibieron el ingreso al trabajo”, relató. La cesantía fue justificada, según le informaron, como consecuencia de un presunto “acto de violencia institucional”.
El activista sostuvo que su caso no es aislado y que se inscribe en un clima de presión hacia empleados estatales. Estimó que alrededor del 60% de la población económicamente activa de Corrientes depende de algún tipo de vínculo laboral con el Estado y aseguró que muchas personas “fueron apretadas o echadas para que no hablen del tema Loan ni de las responsabilidades políticas”.
Silencio oficial, acusaciones y rol del poder político
Desde su experiencia, Nicolini describió un esquema de poder fuertemente concentrado en la figura del gobernador Gustavo Valdés y su entorno. Señaló que, aunque nunca acusaron al mandatario de haber participado directamente en la desaparición del niño, sí cuestionan su respuesta política al caso. “Como funcionario tiene que estar al lado de la gente, pero hace todo lo contrario: se corre y se enoja cuando lo interpelan”, sostuvo.
También hizo referencia a una reunión en la Casa de Gobierno entre los padres de Loan y Valdés, realizada poco antes de una de las marchas más multitudinarias en la capital correntina. Según Nicolini, en lugar de trasladarse a Nueve de Julio –la localidad donde desapareció el chico– el gobierno citó a la familia en un encuentro reservado, mientras en las calles se organizaban marchas y vigilias. Denunció además la presencia de supuestos servicios de inteligencia e infiltrados en los grupos de madres que reclamaban justicia.
Para el activista, estos episodios revelan la “verdadera cara” de un sector del oficialismo provincial que, a su entender, se muestra incómodo frente a los cuestionamientos y busca limitar cualquier avance en la investigación. “Para ellos yo era como el organizador de las madres terroristas”, afirmó, al describir cómo fue estigmatizado por su tarea de acompañamiento a las familias y organizaciones que pedían avances en la causa.
Funcionarios bajo la lupa y reclamos de investigación
Nicolini apuntó además contra otros actores políticos y judiciales vinculados al caso. Mencionó al exministro de Seguridad provincial, Buenaventura Duarte, quien renunció a su cargo a un mes de la desaparición de Loan sin brindar explicaciones públicas sobre el accionar de las fuerzas de seguridad en los primeros días de búsqueda. Si bien la oposición reclamó su comparecencia, solo se realizó –según el testimonio del activista– una reunión privada de la que no trascendieron detalles.
En la misma línea, reclamó que se investigue el rol del fiscal Gustavo Roubineau, quien tomó declaración a Laudelina en el fuero provincial, de madrugada y en un contexto que luego fue objetado. Nicolini consideró que tanto Pellegrini como Duarte y Roubineau deberían ser citados de forma transparente para explicar cada una de sus intervenciones en el expediente.
“Los Valdés prefieren el silencio y romper el vínculo de familia con todo el pueblo, y lo lograron”, concluyó Nicolini, al describir el clima de temor y desconfianza que, sostiene, se consolidó en la provincia tras el caso Loan.
Mientras el expediente por la desaparición del niño continúa bajo la órbita federal y se aguardan definiciones clave, organizaciones de derechos humanos y colectivos locales insisten en que el caso dejó al desnudo las tensiones entre el poder político, la Justicia y la sociedad civil en Corrientes. Para ellos, el despido de Nicolini es una muestra de las consecuencias que puede sufrir quien se atreve a interpelar ese entramado.
