La oposición acusa al Gobierno de blindar el negocio del juego
NewsITe
Diputados nacionales de la oposición salieron al cruce del proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Congreso para regular el juego online y prevenir la ludopatía. Sostienen que, lejos de poner límites reales a las apuestas, la iniciativa del Gobierno se concentra en perseguir las plataformas ilegales y esquiva el núcleo del negocio de las empresas habilitadas.
La propuesta oficial, impulsada desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que encabeza Federico Sturzenegger, plantea endurecer las penas contra quienes organicen o faciliten juegos de azar en línea no autorizados, bloquear dominios y cortar los circuitos de pago de esas plataformas. También se mencionan campañas de concientización sobre los riesgos del juego patológico y un esquema de articulación con provincias y organismos competentes.
Sin embargo, una de las principales críticas radica en que el texto no avanza sobre la publicidad del juego legal, hoy omnipresente en medios tradicionales, redes sociales y eventos masivos. Para la oposición, esa omisión deja intacto el mecanismo central de captación de nuevos apostadores, en un contexto de creciente preocupación por la ludopatía, especialmente entre jóvenes.
Frade: “Evita tocar el corazón del negocio”
La diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade, una de las redactoras del proyecto que obtuvo media sanción en noviembre de 2024 y luego perdió estado parlamentario, recordó que aquella iniciativa contemplaba la prohibición total de la publicidad del juego, en línea con lo que se hizo años atrás con los cigarrillos.
Según Frade, la diferencia entre ambos enfoques es sustancial. A su entender, la propuesta aprobada en Diputados en 2024 “cerraba el camino al lobby del juego”, mientras que el nuevo texto del oficialismo “deja que las plataformas legales se queden con la masa de jugadores de las clandestinas”, sin cuestionar el modelo de promoción permanente de las apuestas.
“Las apuestas y casinos online destruyen la salud mental de jóvenes y adultos. La ludopatía no se detiene sola ni se resuelve haciendo como que se regula”, advirtió la diputada, al criticar que el Gobierno priorice la recaudación por encima de la prevención.
Frade también remarcó que el proyecto que ahora impulsa la Casa Rosada no fue elaborado por el titular de la Sedronar, Roberto Moro, sino por el equipo de Sturzenegger, y aseguró que el borrador circula desde hace al menos dos años. Por eso pidió a sus pares que no acompañen la iniciativa y llamó a retomar el texto que había logrado un amplio consenso multipartidario en la Cámara baja.
El planteo de Ferraro y el eje en la publicidad
En la misma línea se expresó el diputado Maximiliano Ferraro (CC-ARI), quien afirmó que el proyecto del Gobierno, presentado como una herramienta de “prevención de la ludopatía”, en realidad “protege el negocio del juego en línea”. A su criterio, el foco puesto casi exclusivamente en el combate al juego ilegal deja fuera del debate el impacto de la industria regulada.
Ferraro cuestionó que se toleren pautas publicitarias que bombardean a la población con promociones y bonos de bienvenida las 24 horas, sin restricciones más allá de algunas cláusulas generales. El texto oficial apenas indica que la publicidad no podrá asociar el juego con el éxito personal, laboral o social, una fórmula que para la oposición resulta insuficiente frente a la intensidad del marketing actual.
El proyecto del Ejecutivo prevé penas de tres a seis años de prisión para quienes exploten plataformas de juego no autorizadas y de dos a cuatro años para quienes presten servicios financieros, tecnológicos, publicitarios o digitales esenciales para su funcionamiento, siempre que se pruebe que conocían la ilegalidad de la actividad. A la par, dispone la prohibición de acceso a menores de edad y prevé campañas de sensibilización sobre los efectos adversos del juego problemático.
El debate recién comienza en el Congreso, pero ya anticipa un fuerte choque político entre el oficialismo, decidido a avanzar con una regulación centrada en el combate al juego ilegal, y una oposición que reclama ir más a fondo sobre la publicidad y el modelo de negocios del juego online legal en la Argentina.
