Crecen las alertas por la situación habitacional en las villas de CABA
NewsITe
Los barrios populares y villas de la Ciudad de Buenos Aires atraviesan una crítica situación habitacional, marcada por serias falencias en el acceso a los servicios básicos y en las condiciones estructurales de las viviendas. Mientras el Gobierno porteño impulsa una agenda de desalojos y freno a la construcción de nuevas unidades en estos territorios, los datos oficiales disponibles son parciales y las organizaciones sociales advierten un retroceso en las políticas de urbanización.
Consultado por Noticias Argentinas, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, a cargo de Gabriel Mraida, no pudo precisar cuántas villas se registran hoy en el territorio porteño ni cuántas personas acceden de manera formal o informal al agua potable, a la red cloacal y a la electricidad. Desde la cartera apenas señalaron que existen unas 215.000 personas viviendo en barrios populares y asentamientos, y que las cuotas promedio por vivienda oscilan entre 5.000 y 7.000 pesos, sin detallar el mecanismo de pago ni las condiciones de esos convenios.
De acuerdo con el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), hasta diciembre de 2025 se contabilizaban 49 villas y asentamientos en la Ciudad, con altos niveles de hacinamiento y serios déficits en infraestructura. Las comunas del sur y el área de Retiro —donde se ubican villas emblemáticas como la 31, la 1-11-14 y la 21-24— concentran buena parte de estas problemáticas, que se mantienen pese a los anuncios de sucesivos planes de urbanización.
Servicios básicos irregulares y riesgo estructural
Un informe del Observatorio del Derecho a la Ciudad, elaborado por María Eva Koutsovitis, advirtió que en los últimos años se frenaron las ya limitadas obras de agua potable y cloacas que se estaban ejecutando en los barrios populares. Según los datos citados del ReNaBaP, cerca del 89,9% de los hogares se conectan a la red de agua de forma irregular y solo el 20,41% cuenta con conexión formal a la red cloacal, lo que impacta directamente en la salud y en la calidad de vida de los habitantes.
Las dificultades se acentúan en el acceso seguro a la energía eléctrica. Relevamientos realizados por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Observatorio Villero de La Poderosa ya alertaban, a fines de 2024, que alrededor de un tercio de las viviendas presentaba humedades o filtraciones en contacto con instalaciones eléctricas, una combinación que implica un riesgo permanente de incendio y de electrocución.
- En la Villa 21-24-Zavaleta, más del 50% de las viviendas registra filtraciones en contacto con la red eléctrica.
- Casi el 30% de las casas del mismo barrio se inunda cada vez que llueve, agravando el deterioro estructural.
- Un año después, el ReNaBaP informó que el 71,43% de las conexiones eléctricas en villas de la Ciudad sigue siendo irregular.
En paralelo, la exministra de Desarrollo Humano y Hábitat porteña, María Migliore (gestión 2019-2023), defendió los programas de urbanización implementados durante su mandato y sostuvo que, lejos de haber fracasado, demostraron que la titulación de las viviendas puede ser una herramienta clave para mejorar las condiciones habitacionales sin necesidad de construir masivamente nuevas casas.
“Si vos le das título de propiedad a la gente, mejora las casas de las personas. La titulación se puede vincular con esquemas de financiamiento privados para no depender sólo del Estado”, planteó Migliore, al citar experiencias en la Villa 31 y en otros países de América Latina.
Debate por la política habitacional y recorte del gasto
Migliore también rechazó la idea de “mudar” a la población de las villas, recordando la política impulsada durante la última dictadura por el entonces intendente Osvaldo Cacciatore, que trasladó a miles de familias hacia el conurbano bonaerense y contribuyó a consolidar nuevos núcleos de pobreza, como en el caso de Fuerte Apache. Pese a esos antecedentes, el actual jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, insiste en frenar nuevas construcciones en villas y priorizar desalojos, con el argumento de “devolverle” viviendas a la clase media.
La realidad cotidiana en los barrios populares, sin embargo, muestra una combinación de hacinamiento creciente, servicios deficitarios y escasas alternativas habitacionales formales. Todo esto se da en un contexto de fuerte ajuste del gasto público: según el Observatorio Económico porteño del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el presupuesto 2025 destinado a políticas de hábitat cayó 11,6% en términos reales, el del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) se redujo un 15% y los fondos para urbanización de barrios populares se recortaron en un 27,5%.
Mientras los indicadores sociales reflejan un aumento sostenido de la población que vive en villas y asentamientos y un déficit persistente en el acceso a una vivienda digna, la discusión sobre el rumbo de la política habitacional porteña sigue abierta. Entre recortes presupuestarios, obras frenadas y datos oficiales incompletos, el futuro de los barrios más postergados de la Ciudad aparece cargado de incertidumbre.
