La interrupción del tráfico aéreo en Texas reavivó el debate bilateral sobre el uso criminal de aeronaves no tripuladas. Washington habla de incursión; México niega información y advierte sobre su soberanía.
El cierre del aeropuerto de El Paso, en Texas, volvió a colocar en el centro de la escena el uso de drones por parte de los cárteles mexicanos y abrió un nuevo frente de tensión entre Estados Unidos y México. Las autoridades estadounidenses atribuyeron la medida a la incursión de un dron vinculado a un grupo criminal mexicano, aunque luego surgieron versiones contradictorias sobre las causas reales de la restricción aérea.
Según informó la agencia Reuters, el espacio aéreo fue clausurado la noche del martes en medio de preocupaciones por la presencia de un avión no tripulado en territorio estadounidense. El episodio expuso el crecimiento sostenido del uso de esta tecnología por parte de organizaciones delictivas y la dificultad de ambos gobiernos para acordar una estrategia común frente al fenómeno.
Durante el último año, agencias de seguridad de Estados Unidos incrementaron sus advertencias sobre la utilización de drones por parte de los cárteles. En la mayoría de los casos, emplean versiones comerciales modificadas de manera rudimentaria para transportar pequeñas cargas de droga o vigilar rutas de tráfico y movimientos de agentes fronterizos.
En regiones más alejadas de la frontera, dentro de México, algunos grupos criminales han utilizado drones equipados con explosivos para perpetrar ataques mortales. Esta evolución tecnológica ocurre en un contexto internacional en el que los drones transformaron de manera significativa la guerra convencional, con el caso de Ucrania como uno de los ejemplos más visibles.
Versiones cruzadas sobre el cierre del espacio aéreo
El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, sostuvo que la presencia de un dron de un cártel mexicano en el espacio aéreo estadounidense motivó la prohibición de vuelos en El Paso. La restricción, que inicialmente se anunció por diez días, finalmente se redujo a siete horas.
Sin embargo, funcionarios del gobierno y de la aerolínea, que hablaron bajo condición de anonimato, contradijeron esa versión. Indicaron que la Administración Federal de Aviación (FAA) decidió cerrar el espacio aéreo por precaución ante pruebas de un sistema antidrones basado en láser que el Ejército estadounidense realizaba en las inmediaciones, el cual podía representar riesgos para la aviación comercial.
Especialistas en aviación señalaron que la detección de un dron cerca de un aeropuerto suele generar interrupciones breves, no cierres prolongados. Las versiones divergentes alimentaron interrogantes sobre la magnitud real de la amenaza.
La oficina de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, no respondió de inmediato a los pedidos de comentarios. La mandataria declaró el miércoles por la mañana que su administración no tenía información sobre tráfico de drones en la frontera.
Desde la Casa Blanca, la portavoz Ana Kelly afirmó que el presidente Donald Trump “ha dejado todas las opciones sobre la mesa” ante la consulta por el tema, que se convirtió en un punto sensible de la relación bilateral.
Incursiones, no ataques
El uso de drones por parte de grupos criminales mexicanos no es nuevo. Vanda Felbab-Brown, experta en seguridad, explicó que estas organizaciones emplean aeronaves comerciales de bajo costo desde hace más de una década para tareas de vigilancia y transporte de contrabando.
En algunos casos, especialmente vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación, los dispositivos fueron adaptados con explosivos rudimentarios para atacar a fuerzas de seguridad y civiles en zonas del centro de México, como el estado de Michoacán.
En la frontera, el objetivo principal es distinto: lanzar droga desde el aire o espiar a agentes estadounidenses para evitar controles. El Pentágono informó que se registran más de 1.000 incursiones de drones por mes en la frontera entre ambos países. No obstante, expertos remarcan que nunca se produjo un ataque con drones de un cártel en territorio estadounidense.
“Es una incursión, no un ataque”, afirmó Scott Brown, exagente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional en Arizona. “Hay una diferencia notable”, añadió, en declaraciones recogidas por Reuters.
Autoridades de ambos países mantienen canales de cooperación para enfrentar el fenómeno. Esta semana, funcionarios de Nuevo México y del estado mexicano de Chihuahua se reunieron para analizar los riesgos asociados al uso de drones en la región fronteriza.
Debate político y advertencias cruzadas
El episodio se produjo en medio de reiteradas declaraciones del presidente Donald Trump sobre la posibilidad de utilizar la fuerza militar contra los cárteles, a los que acusó de “controlar México”.
Claudia Sheinbaum respondió que cualquier acción unilateral estadounidense en territorio mexicano constituiría una violación grave de la soberanía nacional. “La última vez que Estados Unidos intervino en México, se apoderó de la mitad del territorio”, recordó en noviembre, en alusión a la guerra entre 1846 y 1848.
La administración Trump incrementó sus advertencias sobre los drones como amenaza directa. Steven Willoughby, director del programa antidrones del Departamento de Seguridad Nacional, declaró ante el Congreso que “es solo cuestión de tiempo antes de que los estadounidenses o las fuerzas del orden sean blanco de ataques en la región fronteriza”.
Carlos Pérez Ricart, especialista en seguridad mexicano, cuestionó esa interpretación. “No hay evidencia de que los cárteles ataquen a Estados Unidos con drones, no tiene sentido para ellos”, sostuvo. Y agregó: “Pero esa narrativa sirve a los intereses de Trump al crear una justificación para una acción militar”.
El cruce de posiciones refleja que, más allá del uso creciente de drones por parte de organizaciones criminales, el debate también se libra en el terreno político y diplomático, donde la tecnología se convirtió en un nuevo factor de fricción entre Washington y Ciudad de México.
