El militante del Partido Obrero Daniel Arakaki y el militante del Partido Socialista de los Trabajadores Unificados Daniel Ruiz fueron condenados a 3 años de prisión por el Tribunal Oral Federal N°3.
El militante del Partido Obrero Daniel Arakaki y el militante del Partido Socialista de los Trabajadores Unificados Daniel Ruiz fueron condenados a 3 años de prisión por su participación en los incidentes ocurridos frente al Congreso de la Nación mientras se debatía la reforma previsional a fines de 2017.
El Tribunal Oral Federal N°3 a cargo de Javier Feliciano Ríos condenó a 3 años y 4 meses de prisión a Arakaki por la coautoría de los delitos de lesiones en ocasión de agresión y atentado a la autoridad agravado.
En tanto Ruiz fue condenado a 3 años de prisión efectiva por considerarlo coautor de intimidación pública agravada por ser a mano armada. Ambos militantes llegaron a esta última audiencia en libertad.
Arakaki estaba acusado de atentar contra el Policía de la Ciudad de Buenos Aires Brian Escobar de manera agravada por hacerlo con “dos objetos cortantes de confección casera, uno en cada mano”. Y Ruiz estaba acusado por la autoría del delito de “atentado a la autoridad cometido a mano armada”.
El debate se había iniciado en febrero de este año. El fiscal del juicio, Patricio García Elorrio, explicó que ambos militantes tuvieron “una actitud provocadora, agresiva y violenta dentro de la manifestación que se desarrollaba en las inmediaciones del Congreso donde se lanzaron piedras y material pirotécnico a los efectivos de las fuerzas de seguridad que custodiaban el palacio legislativo”.
Los hechos por los que fueron condenados los militantes de izquierda se registraron el 17 de diciembre de 2017 cuando un grupo de manifestantes de diversas organizaciones sociales y partidos de oposición arrojaron una gran cantidad de piedras y otros objetos contundentes contra las fuerzas de seguridad que protegían el Congreso.
El fiscal García Elorrio sostuvo que los dos acusados obraron con dolo, habida cuenta que “sus acciones se encontraban direccionadas a influir sobre el ánimo de aquellos que manifestaban en forma pacífica y en el desarrollo de la sesión legislativa con el objeto de lograr su postergación”.
Ruiz actuó como “el armero” que colaboraba para cargar de municiones el mortero que disparaba Sebastián Romero (apodado el “Gordo Mortero” por su participación en los incidentes). Tras haber estado prófugo varios meses y posteriormente haber sido detenido en Uruguay, Romero está a la espera del juicio en su contra.