El Juzgado Federal de Dolores ordenó al ministerio que conduce Luis Caputo entregar en cinco días toda la documentación del DNU 179/2025
El Juzgado Federal de Dolores condenó al Ministerio de Economía a entregar, en un plazo máximo de cinco días hábiles, el expediente completo del DNU 179/2025, mediante el cual el Gobierno contrajo un crédito de 20 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional.
La medida judicial responde a una acción de amparo presentada por Francisco Verbic, en representación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el CELS. Las organizaciones denunciaron la violación de la Ley de Acceso a la Información Pública (27.275) al negarse la cartera económica a entregar los documentos solicitados.
Maniobras administrativas y falta de transparencia
El fallo detalló que el Ministerio de Economía intentó “eludir la entrega” de la información a través de maniobras administrativas. Inicialmente procesó el pedido bajo la normativa vigente y hasta solicitó una prórroga, pero luego desconoció la aplicación de la ley y derivó el trámite a un procedimiento más restrictivo y burocrático.
El juez remarcó que el Estado debe acatar la norma sancionada en democracia por sobre reglamentaciones dictadas en gobiernos de facto. “La información pública no pertenece al Estado, sino al pueblo de la Nación Argentina”, recordó el magistrado citando a la Corte Suprema de Justicia, que reconoce el acceso a la información como un derecho humano fundamental.
Un antecedente en control democrático
La sentencia advirtió además que el DNU no explicita las condiciones ni los fundamentos del empréstito con el FMI, lo que refuerza la obligación de transparencia. “El derecho a la información pública se rige por el principio de máxima divulgación”, sostuvo el fallo.
De esta manera, el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo queda obligado a entregar la totalidad del expediente, con anexos y documentación incluidos. La resolución se convierte en un antecedente relevante en materia de control democrático y acceso a la información estatal, especialmente en decisiones de endeudamiento externo de impacto histórico.
