Al menos 100 vecinos de Ramallo perdieron sus pensiones por discapacidad tras auditorías nacionales cuestionadas por arbitrariedad. La directora municipal del área advirtió que la medida golpea a familias vulnerables y reclamó su restitución.
El recorte en las pensiones por discapacidad ya tiene un fuerte impacto en el distrito de Ramallo: al menos 100 vecinos se vieron afectados por la medida, según confirmó la directora municipal del Área de Discapacidad, Natalia González.
La funcionaria explicó que la situación comenzó a visibilizarse a partir de julio, cuando muchas personas se acercaron a cobrar y descubrieron que no tenían depositado el beneficio. “Desde el mes de febrero venimos trabajando con este tema, recibiendo reclamos por la quita de derechos a las personas con discapacidad. Las auditorías se hicieron con mucha arbitrariedad, sin generar la información suficiente. Hubo vecinos que nunca recibieron la notificación”, relató González.
El 5 de julio se realizó una auditoría en la ciudad de San Nicolás, donde debían presentarse beneficiarios de la región. Sin embargo, según detalló la directora, una parte de los afectados en Ramallo jamás fue citada, por lo que no pudo justificar su situación frente a los evaluadores. “Nosotros estuvimos presentes ese día, acompañando a quienes pudieron asistir. Trasladamos a las personas, armamos carpetas con certificados de discapacidad, estudios médicos y toda la documentación que exigían. Aun así, en Ramallo tuvimos alrededor de 100 bajas, pese a que la mayoría contaba con todo en regla”, agregó.
González cuestionó la política nacional respecto al tema y señaló que la medida responde a un criterio de recorte: “La idea del gobierno nacional siempre fue dar de baja las pensiones, con cualquier excusa, para que la gente dejara de percibir el beneficio e incluso no asistiera a las auditorías”.
La situación golpea con fuerza a las familias más vulnerables, ya que en muchos casos la pensión constituye el único ingreso estable. La directora del área remarcó que el municipio continúa acompañando a los damnificados y canalizando reclamos, aunque reconoció que la magnitud del problema supera las posibilidades locales.
En paralelo, la funcionaria participó de la última reunión del Consejo Provincial de Discapacidad (CoProDis), celebrada en La Plata, donde se analizaron los pasos a seguir frente a esta ola de bajas. “Estuvimos los 135 distritos, junto a organismos y legisladores que están trabajando desde la provincia para frenar estos avasallamientos. A través del gobierno provincial se están realizando relevamientos y acompañamientos para que se restituyan las pensiones, que se dejen de hacer auditorías masivas y que se garantice la asistencia desde el sistema de salud”, explicó.
Finalmente, González destacó que el gobernador ya manifestó la decisión de sostener la política de apoyo a las personas con discapacidad desde la provincia y los municipios. “Se trata de un derecho básico. No estamos hablando de un privilegio, sino de la posibilidad de vivir con dignidad”, concluyó.
