Diputados vuelven a debatir la nueva ley de Defensa de la Soberanía
NewsITe
La Cámara de Diputados reanudará este martes, desde las 15.30, el debate en comisión del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía, una iniciativa clave del Gobierno nacional que vuelve a discutirse tras el reciente fallo de la Corte Suprema sobre la ley de Tierras. El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto se había interrumpido de manera abrupta la semana pasada, en medio de cruces entre el dirigente social Juan Grabois y legisladores libertarios.
[p_ad]
La reunión será encabezada por el presidente de la comisión de Defensa, Carlos Zapata, acompañado por sus pares libertarios Juliana Santillán (Relaciones Exteriores y Culto) y Laura Rodríguez Machado (Legislación Penal). El objetivo es escuchar a expositores de distintos espacios políticos y académicos para avanzar en el dictamen de una norma que endurece el marco sancionatorio frente a amenazas externas, con especial foco en la cuestión Malvinas y la explotación de recursos naturales.
Entre los invitados figuran el ex ministro kirchnerista Daniel Filmus, el ex secretario de Malvinas Guillermo Carmona y el intendente de Punta Indio, David Angueira. También participarán referentes vinculados a la causa Malvinas y al derecho internacional, como Jerónimo Guerrero Iraóla, del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), y Daniel Guzmán, del Observatorio Malvinas.
Además está prevista la exposición de especialistas del ámbito académico y de derechos humanos, entre ellos Paula Litvachky (CELS) y los juristas de la UBA Luciano Anzelini, Sergio Eissa y Raúl Gustavo Ferreyra. Completarán el panel la politóloga y doctora en Ciencias Sociales Mariana Altieri; el especialista en criminalística y docente universitario Pablo Testori Schroeder; el perito naval y veterano de guerra Fernando Morales, presidente de la Liga Naval Argentina; y Víctor Sierra, representante del Centro de Ex Combatientes del Atlántico Sur (CEAS).
Endurecimiento de penas y control sobre recursos naturales
El proyecto de Defensa de la Soberanía plantea un endurecimiento significativo de las penas, que podrían llegar hasta los 20 años de prisión, para quienes exploten o colaboren en la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y en los espacios marítimos e insulares circundantes sin autorización argentina. Asimismo, se prevé la inhabilitación para operar en el país de las empresas involucradas en estas actividades.
La iniciativa reemplaza la actual Ley 26.659 y amplía su alcance: ya no solo se limita a la explotación de hidrocarburos, sino que incluye cualquier aprovechamiento no autorizado de recursos naturales renovables y no renovables. También crea un registro público de infractores, con la prohibición para el Estado y los particulares de celebrar contratos con las personas físicas o jurídicas que figuren allí inscriptas.
Otro punto central es la incorporación del juicio en ausencia para los delitos tipificados en la nueva ley, una herramienta que el Gobierno considera clave para avanzar en causas penales contra ejecutivos o representantes de empresas que residen en el exterior pero que intervienen en la explotación irregular de recursos bajo soberanía argentina.
Consejo de Seguridad Nacional y nuevas facultades del Estado
El texto también crea un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente de la Nación e integrado de forma permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, los organismos de inteligencia y la Secretaría Legal y Técnica. Este cuerpo tendrá la misión de coordinar estratégicamente las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, además de intervenir en la protección de infraestructuras críticas.
Entre sus facultades se incluye la posibilidad de disponer medidas urgentes ante amenazas graves e inminentes, como restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, limitar importaciones y exportaciones y elevar de manera transitoria los derechos aduaneros. Como último recurso, y tras agotar un protocolo específico, el Consejo podría ordenar el derribo de aeronaves o el hundimiento de buques considerados hostiles.
En paralelo, el proyecto prohíbe los aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas políticas, en un intento por blindar el sistema político frente a influencias externas. También incorpora nuevos delitos vinculados a la revelación de secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros, la colaboración con operaciones clandestinas y la realización de acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva.
Terrorismo, financiamiento y rol de las Fuerzas Armadas
La propuesta oficial redefine funciones de la Defensa Nacional y habilita su intervención en seguridad interna frente a amenazas externas, tanto estatales como no estatales, en línea con las nuevas formas de conflicto híbrido. En este marco, se incorpora por ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), que permitirá inmovilizar bienes y prohibir operaciones económicas o financieras con quienes estén allí incluidos.
En caso de avanzar en comisiones, el proyecto podría llegar al recinto en un clima de fuerte tensión política, atravesado por la discusión sobre la soberanía en Malvinas, el control sobre la tierra y los recursos naturales, y el alcance de las nuevas atribuciones del Poder Ejecutivo en materia de seguridad y defensa.
El debate promete exponer diferencias profundas entre oficialismo y oposición sobre el equilibrio entre protección de la soberanía, resguardo de derechos y límites a la concentración de poder en el Estado.
Con el telón de fondo del fallo de la Corte Suprema sobre la ley de Tierras y la disputa global por recursos estratégicos, la discusión en Diputados se encamina a convertirse en uno de los ejes centrales de la agenda legislativa de las próximas semanas.
