Diputados retoma la discusión sobre el proyecto de Defensa de la Soberanía
NewsITe
La Cámara de Diputados volverá a discutir este miércoles en comisión el proyecto de ley de “Defensa de la Soberanía Nacional”, iniciativa impulsada por el Gobierno que combina un endurecimiento de sanciones por la explotación de recursos en Malvinas con una profunda reconfiguración del sistema de defensa, seguridad e inteligencia. Pese a la expectativa oficial, las diferencias internas en el oficialismo y los fuertes cuestionamientos de la oposición y de organismos de derechos humanos alejan, por ahora, la posibilidad de que se firmen dictámenes.
El plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto fue convocado para las 15, en continuidad del debate iniciado el 30 de septiembre, que en su primera jornada terminó de manera abrupta por un cruce a los gritos entre el diputado de Unión por la Patria Juan Grabois y legisladores de La Libertad Avanza. En la última reunión, el clima se distendió y se escucharon exposiciones técnicas y críticas de organizaciones especializadas.
En la previa del nuevo encuentro, el oficialismo intenta descomprimir tensiones. El presidente de la Cámara baja, Martín Menem, resolvió excluir el proyecto de la sesión prevista para el 21 de octubre, en la que se tratarán iniciativas sobre discapacidad, endeudamiento familiar e inviolabilidad de la propiedad privada. Esa decisión le otorga aire al Gobierno para negociar cambios en el texto sin la presión inmediata del recinto.
Un proyecto amplio que va más allá de Malvinas
El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo cuenta con 133 artículos. Entre sus ejes, contempla penas de hasta 20 años de prisión para quienes exploten o colaboren con la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y en los espacios marítimos e insulares circundantes sin autorización argentina, y establece la inhabilitación de esas empresas para operar en el país. También reemplaza la actual Ley 26.659 y extiende las prohibiciones a cualquier recurso natural, renovable o no renovable.
La iniciativa prevé la creación de un registro público de infractores, con la prohibición para el Estado y los privados de contratar con quienes figuren allí, y habilita el juicio en ausencia para los delitos contemplados. A la vez, prohíbe aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos y campañas políticas, y tipifica nuevos delitos vinculado a la filtración de secretos de Estado, la cooperación con servicios de inteligencia extranjeros y la interferencia en procesos electorales o campañas de desinformación masiva.
Consejo de Seguridad Nacional y críticas por concentración de poder
Uno de los puntos más controvertidos es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, la agencia de inteligencia y la Secretaría Legal y Técnica. Este órgano coordinaría las áreas diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, con competencia sobre la protección de infraestructuras críticas y la adopción de medidas urgentes ante amenazas graves.
El Consejo podría disponer restricciones a operaciones cambiarias y financieras, bloquear fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, limitar importaciones y exportaciones e incrementar temporalmente derechos aduaneros. Además, el proyecto habilita, como último recurso y bajo protocolo, el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques considerados hostiles, e incorpora de manera plena el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), que permite inmovilizar bienes y bloquear operaciones con quienes estén allí incluidos.
Advertencias de organismos de derechos humanos
Organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advierten que el texto introduce el paradigma de la “seguridad nacional” y reorganiza bajo ese criterio la defensa, la seguridad interior y la inteligencia, con el riesgo de habilitar un “Estado antiterrorista” de fuerte impronta excepcional. La directora ejecutiva del CELS, Paula Litvachky, planteó que la norma amplía la persecución por terrorismo sobre la base de definiciones vagas de “amenaza externa” y “actividad terrorista”, lo que, a su criterio, abre la puerta a la discrecionalidad estatal y a la criminalización de conflictos sociales.
Uno de los artículos más objetados es el 111, que fija penas de prisión para quienes, actuando por cuenta, orden o financiamiento de entidades u organismos extranjeros, busquen alterar procesos electorales, manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación o promover actos de violencia o sabotaje. Desde la oposición y parte del arco dialoguista consideran que, en el contexto de la confrontación discursiva del Gobierno con los medios, la redacción podría derivar en restricciones a la libertad de expresión y fomentar la autocensura periodística.
- Reclamo opositor para acotar el proyecto a las sanciones vinculadas a Malvinas.
- Críticas por la amplitud de las definiciones de amenaza externa y terrorismo.
- Cuestionamientos a las facultades del Consejo de Seguridad Nacional.
El CELS advirtió que el proyecto “reconfigura áreas centrales del Estado” y puede derivar en una “restricción de libertades civiles y políticas” bajo el paraguas de la seguridad nacional.
La estrategia de Unión por la Patria es concentrar la discusión en los artículos que fortalecen las herramientas jurídicas para defender los recursos naturales argentinos en Malvinas y dejar para otro debate todo el andamiaje de seguridad interna y antiterrorista. Con el proyecto fuera, por ahora, del temario de la próxima sesión y sin consensos claros, el futuro de la iniciativa dependerá de la capacidad del oficialismo para ceder en los puntos más polémicos y de la presión que sigan ejerciendo oposición y sociedad civil dentro y fuera del Congreso.
