El oficialismo acelera negociaciones a días de una sesión clave
NewsITe
A diez días de la sesión especial impulsada por la oposición en la Cámara de Diputados, el Gobierno nacional pone a prueba su capacidad de negociación para intentar salvar el DNU 70/23, pieza central del programa económico de Javier Milei. La estrategia combina gestos políticos hacia gobernadores dialoguistas, ofertas de tratamiento de proyectos sensibles y un estricto monitoreo del clima social frente a las movilizaciones que se preparan en rechazo al decreto y a la política de tierras.
El DNU 70/23, firmado en los primeros días de gestión libertaria, desregula amplios sectores de la economía. Entre otros puntos, derogó la Ley de Tierras Rurales, la Ley de Góndolas, la Ley de Abastecimiento y el régimen de Compre Nacional. También eliminó controles sobre las medicinas prepagas, disolvió organismos como la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP) y el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), abrió la puerta a la privatización de Aerolíneas Argentinas, liberalizó el mercado aerocomercial con la política de “cielos abiertos”, suprimió el registro obligatorio para importaciones y exportaciones y quitó topes a los intereses punitorios de tarjetas de crédito.
El futuro del megadecreto está atravesado por decisiones judiciales y parlamentarias. En enero de 2024, el juez federal Ernesto Kreplak hizo lugar a un amparo del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas y dictó una cautelar que frenó la suspensión de la Ley de Tierras, decisión luego ratificada por la Cámara Federal de La Plata. En marzo, el Senado rechazó el DNU 70/23, dejándolo en una situación de extrema debilidad política, aunque su caída definitiva depende de lo que suceda en Diputados.
Movilización en las calles y cálculo fino en el Congreso
En paralelo a las negociaciones, distintos sectores convocan a manifestarse en defensa de la Ley de Tierras y contra la extranjerización del suelo argentino. Este martes está prevista una marcha a los Tribunales porteños a las 15, impulsada por las dos CTA, organizaciones sociales y referentes del Frente de Izquierda. Para el 15 de octubre, día de la sesión opositora, se espera una gran movilización frente al Congreso, con la participación de sectores universitarios, colectivos vinculados a la discapacidad y agrupaciones que rechazan la concentración de la propiedad de la tierra.
En la Casa Rosada observan con atención la escalada del conflicto social, pero apuestan a desactivar la ofensiva parlamentaria a través de acuerdos con bloques aliados. En una reunión con referentes opositores dialoguistas, la secretaria parlamentaria de La Libertad Avanza, Silvana Giudici, propuso habilitar una sesión el 21 de octubre para tratar proyectos sobre discapacidad y sobreendeudamiento familiar, invitando a colaborar en la redacción de los dictámenes de mayoría. No casualmente, la oposición incluyó esos mismos temas en el temario del 15 de octubre, buscando atraer voluntades para alcanzar el quórum.
El viaje de Javier Milei a París para el Argentina Week fue otro capítulo de la ofensiva oficialista. Con agasajos y promesas, el Presidente y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, buscaron consolidar el respaldo de gobernadores como Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén) y Raúl Jalil (Catamarca), quienes en distintos momentos mostraron cercanía con la oposición. En el Gobierno interpretan que, por ahora, “la cancha está inclinada” a su favor.
Una votación que marcará posiciones
Aunque el desenlace es incierto, tanto oficialismo como oposición coinciden en que la sesión del 15 de octubre funcionará como una suerte de plebiscito político sobre el rumbo del país. Desde La Libertad Avanza evocan el “principio de revelación” que suele citar Milei: que quede a la vista quiénes respaldan la desregulación amplia del DNU 70/23 y quiénes se alinean con su rechazo.
Con numerosos intereses económicos, sociales y federales en juego, lo que ocurra en el recinto de Diputados será un capítulo decisivo en la discusión sobre el alcance de los decretos de necesidad y urgencia y sobre el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo, el Congreso y la Justicia.
El DNU 70/23 se transformó en la piedra de toque del proyecto económico libertario y en el eje de una disputa que definirá el mapa de alianzas en el Congreso.
Mientras el oficialismo busca blindar el decreto y la oposición procura reunir los votos para voltearlo, la presión de la calle y las definiciones de los gobernadores serán factores clave en una pulseada que excede ampliamente lo jurídico y se inscribe de lleno en el tablero político nacional.
