Pichetto y Massot van a la Justicia para suspender el DNU 70/23
NewsITe
Los diputados de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot presentaron una medida cautelar ante la Justicia federal para suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/23, norma que derogó las restricciones de la Ley de Tierras a la compra de inmuebles rurales por parte de extranjeros. El objetivo central es impedir que, mientras se discute el futuro del decreto, se concreten operaciones que luego puedan quedar protegidas como “derechos adquiridos”.
La presentación judicial se conoció tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de revocar un fallo que había declarado inconstitucional ese artículo del DNU. Con el cambio de criterio del máximo tribunal, quedó nuevamente vigente la desregulación impulsada por el Gobierno nacional, lo que abrió la puerta a nuevas adquisiciones de tierras rurales por inversores del exterior.
En paralelo a la vía judicial, Pichetto y Massot acompañaron el pedido de sesión especial en la Cámara de Diputados convocada para el 15 de octubre, impulsada por bloques opositores, con la intención de debatir y eventualmente derogar el DNU 70/23. El desafío político será reunir el quórum necesario para habilitar el tratamiento en el recinto.
Alcance de la medida cautelar solicitada
Según explicaron los legisladores, la cautelar apunta a que ninguna operación de compra de tierras rurales por parte de extranjeros que se perfeccione mientras esté vigente el artículo 154 del DNU pueda consolidarse luego como un derecho adquirido, incluso si más adelante el Congreso decidiera rechazar el decreto o restituir por ley las restricciones anteriores.
En el escrito se pide también que se tomen medidas para preservar el Registro Nacional de Tierras Rurales, garantizar que se mantenga actualizada la información sobre operaciones realizadas por personas físicas o jurídicas extranjeras y asegurar la publicidad del proceso judicial para eventuales terceros interesados.
El cuestionamiento al uso del DNU y la Ley 26.737
Los diputados sostienen que la derogación de la Ley de Tierras mediante un decreto de necesidad y urgencia no cumple con los requisitos de “circunstancias excepcionales” previstos por la Constitución Nacional. A su criterio, no se verificó una situación de urgencia que impidiera el tratamiento legislativo ordinario, por lo que el tema debió discutirse en el Congreso.
La Ley 26.737, sancionada en 2011, establecía límites a la presencia extranjera en la propiedad de tierras rurales, tanto en superficie total a nivel nacional como en cada provincia y municipio, además de restricciones específicas para inmuebles que incluyeran cuerpos de agua o se ubicaran en zonas de frontera. La norma consideraba estos bienes como recursos naturales estratégicos, escasos y no renovables, cuya regulación debía permanecer en manos del Poder Legislativo.
- El DNU 70/23 dejó sin efecto esas restricciones, generando preocupación en sectores políticos y sociales.
- La cautelar presentada busca que no se consoliden nuevas operaciones mientras se resuelve la disputa institucional.
“La cautelar busca evitar que las operaciones que puedan realizarse durante este período se consoliden luego como derechos adquiridos”, remarcaron Pichetto y Massot al fundamentar el planteo.
La discusión sobre la propiedad de la tierra por parte de extranjeros vuelve así al centro del debate político. El futuro del DNU 70/23 dependerá tanto de lo que resuelva el Congreso en la sesión solicitada para octubre como de la respuesta que dé la Justicia al pedido de medida cautelar presentado por los diputados de Encuentro Federal.
