Diputados: Menem fijó el 24 de junio para debatir leyes claves

Sesión estratégica en Diputados en pleno Mundial

Martín Menem en el recinto de la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados se encamina a una sesión de alto voltaje político el próximo 24 de junio, en plena disputa del Mundial de fútbol, tras la decisión del presidente del cuerpo, Martín Menem, de reservar esa fecha para debatir un paquete de proyectos que el Gobierno considera estratégicos para su programa económico e institucional.

Según trascendió de fuentes parlamentarias, el oficialismo buscará tratar en esa jornada el denominado “Súper RIGI” (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones), la ley que regula la actividad de lobby en el Estado y la autorización para concretar el pago a dos fondos buitre con los que la administración de Javier Milei alcanzó un acuerdo judicial en el exterior.

Menem ya comunicó la decisión a los jefes de bloque del oficialismo y de la oposición en reuniones realizadas en su despacho. La intención es llegar al 24 de junio con los dictámenes firmados en las comisiones correspondientes, de manera de garantizar un debate ordenado en el recinto, que se desarrollará entre dos partidos de la Selección argentina en la fase de grupos: el del 22 ante Austria y el del 27 contra Jordania.

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Avanza la ley de lobby y la agenda de transparencia

El proyecto de ley de lobby comenzó a discutirse en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, donde ya expusieron autores de iniciativas y especialistas. Para la próxima semana está prevista una nueva reunión con la participación de organizaciones de la sociedad civil y referentes del ámbito corporativo interesados en fijar posición.

El oficialismo aspira a dictaminar el 17 de junio sobre el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, que crea un “Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses”. La iniciativa replica en buena medida el modelo norteamericano y busca sacar de la opacidad a las gestiones que empresas, cámaras e intermediarios realizan ante funcionarios y legisladores para influir en decisiones públicas.

  • Creación de un Registro Público de Gestiones e Intereses, obligatorio para lobistas.
  • Presentación de declaraciones juradas con detalle de clientes, intereses representados y beneficiarios finales.
  • Obligación para funcionarios del Ejecutivo y del Congreso de publicar audiencias con gestores de intereses.
  • Rendición de cuentas periódica sobre la agenda de reuniones vinculadas al lobby.

Con un amplio consenso entre el oficialismo y sectores de la oposición dialoguista sobre la necesidad de transparentar estas prácticas, en el Gobierno confían en conseguir sin mayores dificultades la media sanción en Diputados.

“Súper RIGI”: beneficios para grandes inversiones tecnológicas

Otro de los ejes de la sesión será el tratamiento del “Súper RIGI”, un régimen especial de incentivos para grandes inversiones que apunta a proyectos de frontera tecnológica. La iniciativa fue presentada ante un plenario de Presupuesto y Hacienda, Industria y Ciencia y Tecnología, con exposiciones del coordinador de Energía y Minería del Ministerio de Economía, Daniel González, y del secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.

El esquema prevé cuantiosos beneficios fiscales y un horizonte de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años para emprendimientos a partir de los 1.000 millones de dólares, muy por encima del umbral de 200 millones fijado en el RIGI original incluido en la Ley Bases.

  • Fomento a la industrialización de minerales críticos como litio y uranio.
  • Producción de baterías, hidrógeno verde y otras energías renovables.
  • Desarrollo de vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares.
  • Impulso a reactores nucleares de pequeña y mediana escala, semiconductores e inteligencia artificial.

González remarcó que, a diferencia del RIGI vigente, que apuntaba a destrabar proyectos ya diseñados, el Súper RIGI se orienta a inversiones que hoy no existen y excluye de manera expresa los proyectos de recursos naturales e infraestructura tradicionales, además de impedir el ingreso de ampliaciones de iniciativas ya en marcha.

Plan de pago a fondos buitre y cierre de un largo litigio

La tercera pata del temario que el oficialismo quiere abordar el 24 de junio es la aprobación del plan de pago a dos fondos buitre por un total de 171 millones de dólares. Se trata de los últimos holdouts que mantenían reclamos abiertos por la deuda en default de 2001, luego de los sucesivos canjes y acuerdos alcanzados en las últimas dos décadas.

El proyecto, que ya obtuvo media sanción en el Senado con 40 votos afirmativos y 22 en contra, debe ser ratificado por Diputados antes del 30 de junio, fecha límite fijada en el acuerdo de conciliación homologado por la Justicia de Estados Unidos.

Con este paso, el Gobierno de Milei procura cerrar definitivamente uno de los capítulos más extensos y costosos de la saga del default de 2001, al tiempo que busca enviar una señal de previsibilidad a los mercados en paralelo al debate legislativo sobre inversiones y transparencia institucional.

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