Los diputados Dayna Tavela y Maximiliano Ferraro, y por separado Pablo Carro, presentaron proyectos sobre presupuesto universitario.
Vuelven los reclamos por el financiamiento universitario en Argentina
Un año después de la marcha universitaria que recorrió todo el país tras el veto de Javier Milei a la ley de financiamiento universitario, la oposición retoma la agenda. El sistema universitario sigue atravesando un grave ahogo presupuestario, y la discusión por los recursos para las casas de estudios públicas se intensifica.
Proyectos de ley para garantizar la estabilidad financiera
Los diputados Danya Tavela (Democracia para Siempre) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), junto con diversos sectores de la oposición, presentaron un nuevo proyecto para garantizar la estabilidad presupuestaria del sistema universitario público. Esta propuesta busca asegurar la actualización automática de las partidas destinadas a las universidades nacionales, tomando en cuenta la inflación acumulada entre mayo y diciembre de 2024.
El proyecto también establece ajustes trimestrales basados en tres factores: la variación del Índice de Precios al Consumidor (50%), el tipo de cambio oficial para importaciones (25%) y las tarifas de servicios públicos (25%). Además, plantea convocar a paritarias para docentes y no docentes dentro de los cinco días posteriores a la sanción de la ley.
La propuesta del oficialismo y la intervención de la Auditoría General de la Nación
Por su parte, Pablo Carro (Unión por la Patria) también presentó un proyecto similar. Esta iniciativa prevé la actualización bimestral de las partidas para el presupuesto 2025 y la recomposición salarial de docentes y no docentes a partir de diciembre de 2023. Además, propone la ampliación de las becas estudiantiles con un índice no menor al IPC.
Al igual que el proyecto de la oposición, el texto de Carro asigna un rol central a la Auditoría General de la Nación, encargada de realizar seguimientos y emitir informes periódicos sobre el uso de los fondos. Ambos proyectos buscan asegurar la transparencia en el manejo de los recursos y garantizar la estabilidad del sistema universitario.
