Diputados piden transparencia por millonaria contratación en Cancillería
NewsITe
Un proyecto ingresado en la Cámara de Diputados encendió las alarmas sobre una contratación del Ministerio de Relaciones Exteriores para la capacitación en idioma inglés de su personal, que terminó adjudicada a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad presidida por la esposa del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La iniciativa legislativa solicita al Poder Ejecutivo que remita “en forma urgente y detallada” toda la documentación vinculada a la Disposición DI-2026-21-APN-SSCYAE#MRE, relativa a la Adjudicación Simple por Especialidad N° 26-0033-CDI25. Se trata de un contrato para brindar cursos de inglés a empleados de Cancillería, cuya modalidad de selección y justificación generó fuertes cuestionamientos en la oposición.
Entre los pedidos de información, se reclama el número completo de expediente, la normativa invocada y los fundamentos técnicos y jurídicos que llevaron a encuadrar la operación en el artículo 25 inciso d), apartado 2 del Decreto 1023/01, que habilita procedimientos de excepción. También se piden precisiones sobre las fechas de convocatoria, apertura, adjudicación y emisión de la orden de compra.
El rol de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa
En los fundamentos del proyecto, la diputada Roxana Monzón detalla que la contratación adjudicó $114.044.133 a la AACI (CUIT 30-52550539-8) por un período de nueve meses, con opción de prórroga por otro lapso equivalente. El servicio apunta a garantizar la continuidad de un plan de capacitación iniciado en 2018 para el personal del Servicio Exterior y administrativo de la Cancillería.
Según el texto, el propio acto administrativo sostiene que la AACI sería el “único prestador” capaz de asegurar la continuidad del programa de idiomas, argumento utilizado para justificar la vía de adjudicación simple. Sin embargo, los impulsores del proyecto cuestionan la supuesta inexistencia de alternativas en un mercado donde abundan instituciones dedicadas a la enseñanza del inglés.
Los legisladores también exigen conocer si el Ministerio realizó estudios comparativos, relevamientos de precios o análisis de solvencia académica e institucional para sustentar la idea de “especialidad” y descartar otros proveedores idóneos. Además, piden información sobre las autoridades actuales de la asociación y el detalle de todos sus antecedentes contractuales con Cancillería durante los últimos diez años.
Vínculos con Sturzenegger y debate por la transparencia
El proyecto remarca que distintos medios de comunicación revelaron que la AACI es presidida por María Josefina Rouillet, esposa de Federico Sturzenegger. Incluso se señala que las actuaciones administrativas reconocen un “vínculo positivo” entre una de las directoras de la entidad y el propio ministro, lo que para la oposición refuerza la necesidad de someter la contratación a un mayor escrutinio público.
La resolución advierte que se trató de un procedimiento de excepción que “restringe la concurrencia y competencia”, y reclama que Cancillería detalle qué criterios técnicos concretos se utilizaron para descartar la participación de otros oferentes. En particular, se subraya que se trata de un servicio educativo donde existe amplia oferta en el ámbito privado y universitario.
Contexto fiscal y reclamo de rendición de cuentas
- El gasto comprometido se imputó al presupuesto 2026, en un contexto de fuerte ajuste del gasto público.
- Los diputados vinculan el contrato con el deterioro de partidas en áreas sensibles, como políticas sociales, educación y salud.
- Se reclama acceso completo a los montos, criterios de selección y fundamentos de la contratación.
El proyecto contrapone el lema oficial de que “no hay plata” con la decisión de destinar más de 114 millones de pesos a un contrato que, según remarcan, carece de competencia y fuertes controles previos.
La oposición insistirá en que la Cancillería brinde respuestas formales y publique la información respaldatoria. El debate, que ya trascendió el plano administrativo, promete seguir en el Congreso, donde se discute el alcance de los procedimientos de excepción y los estándares de transparencia que deben regir las contrataciones del Estado nacional.
