Diputados aprobó el acuerdo comercial pese a la fractura del peronismo
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La Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de ley que ratifica el tratado comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, en una extensa sesión atravesada por fuertes cruces políticos y una visible fractura en el peronismo. La iniciativa, impulsada por el Gobierno de Javier Milei, cosechó 203 votos afirmativos, 42 negativos y 4 abstenciones, con el apoyo clave de bloques opositores dialoguistas.
La Libertad Avanza logró sumar los respaldos del PRO, la UCR, Provincias Unidas y otros espacios, pero el dato político de la jornada fue la división de Unión por la Patria: 43 de sus diputados votaron a favor, incluido el jefe de bloque Germán Martínez, mientras que 38 legisladores vinculados a La Cámpora, el kirchnerismo y sectores referenciados en Juan Grabois se pronunciaron en contra.
El acuerdo Mercosur–Unión Europea, firmado el 17 de enero en Asunción, Paraguay, abarca cerca de 5.000 páginas y prevé la eliminación de aranceles para más del 90% de las exportaciones del Mercosur, además de un fuerte recorte de barreras de acceso para bienes industriales y tecnológicos europeos. Según el oficialismo, se trata de una “señal clara” de apertura económica, orientada a ampliar mercados, mejorar la competitividad y atraer inversiones.
Un tratado estratégico con beneficios y dudas
Durante el debate, los defensores del proyecto remarcaron el potencial impacto positivo en las economías regionales. El diputado Jaime Quiroga (Producción y Trabajo) sostuvo que el tratado “traerá beneficios para los que produzcan y sean capaces de exportar”, al ofrecer un acceso preferencial al mercado europeo para productos provinciales. En la misma línea, el radical Darío Schneider destacó que para las provincias el acuerdo implica “oportunidades de crecimiento, creación de empleo y mayor atractivo para las inversiones”.
El ex ministro de Defensa Agustín Rossi, hoy referente peronista, respaldó la ratificación al considerar que “fortalece al Mercosur, lo consolida como actor económico comercial y lo referencia internacionalmente”. También lo definió como una “insubordinación estratégica” frente a viejas políticas proteccionistas, y subrayó que sectores como la industria cárnica en Santa Fe dependen de la expansión de mercados externos.
Del otro lado, surgieron fuertes cuestionamientos desde el ala kirchnerista. El ex canciller Santiago Cafiero advirtió que el acuerdo “no garantiza accesos reales a los mercados europeos” y alertó sobre las barreras paraarancelarias que, según planteó, seguirían funcionando como un “muro” para la producción agropecuaria argentina. La diputada Julia Strada optó por la abstención y denunció una “votación exprés” sin el debate técnico necesario, reclamando audiencias públicas, informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso y cláusulas de salvaguarda para sectores sensibles.
Contexto internacional y próximos pasos
Pese a la media sanción otorgada en Diputados, el tratado aún no puede entrar en vigor. El Parlamento Europeo resolvió remitir el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para evaluar su impacto antes de habilitar su implementación. Ese proceso podría demorar varios meses e incluso extenderse hasta dos años. Sin embargo, en Bruselas también se menciona la posibilidad de una aplicación provisoria por parte de la Comisión Europea hasta que haya una decisión definitiva.
En el oficialismo sostienen que avanzar en el Congreso argentino es clave para “ratificar un rumbo” de apertura comercial, integración al mundo y competencia, sin abandonar –según remarcan– la protección de los sectores más vulnerables. “La historia demostró que el aislamiento no genera desarrollo productivo”, afirmó la diputada libertaria Juliana Santillán, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, quien calificó la aprobación como una “decisión estratégica que trasciende a los gobiernos”.
Desde sectores críticos, como el diputado Eduardo Valdés, se cuestionó el “apuro” cuando el propio Parlamento Europeo frenó la implementación del acuerdo. También se advirtió por el impacto sobre la industria nacional y la política productiva argentina, en un contexto en el que el Gobierno promueve una mayor primarización de las exportaciones. El proyecto pasará ahora al Senado, donde el oficialismo volverá a necesitar respaldos opositores para convertir en ley uno de los acuerdos comerciales más relevantes de las últimas décadas.
