Súper miércoles en Diputados por la ley de lobby y el Súper RIGI
La Cámara de Diputados se prepara para un miércoles de alta intensidad legislativa, con dos debates de fuerte impacto político y económico: la ley de lobby, impulsada por el Poder Ejecutivo bajo el nombre de “Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses”, y el denominado Súper RIGI, un nuevo esquema de incentivos para grandes inversiones en sectores tecnológicos y estratégicos.
En un contexto nacional atravesado por la discusión sobre la transparencia del sistema político y la necesidad de atraer dólares frescos, las miradas estarán puestas en los plenarios de comisiones que se desarrollarán a lo largo de la tarde en el Congreso. El oficialismo llega a esta instancia con un margen de acuerdo previo con sectores de la oposición dialoguista, lo que hace prever avances concretos en ambos proyectos.
La ley de lobby: hacia un registro obligatorio de gestores de intereses
Desde las 14, las comisiones de Asuntos Constitucionales, presidida por Nicolás Mayoraz, y Legislación General, a cargo de Santiago Santurio, trabajarán en conjunto sobre la iniciativa que busca regular el lobby en Argentina, tomando como referencia modelos aplicados en Estados Unidos y otros países.
El proyecto propone la creación de un Registro Público de Gestiones e Intereses, en el que deberán inscribirse los llamados “lobistas” o gestores de intereses. Allí se consignará quiénes son, a quién representan, cuáles son sus clientes o beneficiarios y qué temas intentan influir ante funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.
La norma establece que cada gestión deberá quedar documentada con fecha, hora, modalidad del contacto, organismo involucrado y una síntesis de los asuntos tratados. Además, introduce la obligación para los funcionarios públicos de informar y hacer públicas las audiencias que mantengan con estos actores, tanto en el Gobierno nacional como en el Congreso.
Sanciones y obligaciones para lobistas y funcionarios
El esquema prevé un sistema de sanciones para quienes incumplan la ley. Los gestores de intereses que cometan infracciones podrán recibir multas que van desde 500 salarios mínimos hasta la inhabilitación definitiva para ejercer actividades vinculadas al lobby. En el caso de la representación clandestina de intereses extranjeros, se contempla pena de prisión de seis meses a tres años, además de la inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.
El corazón político de la iniciativa apunta a terminar con la opacidad que históricamente rodeó la gestión de intereses privados sobre decisiones estatales. Por eso, además de regular la actividad de los lobistas, la ley pone el foco en la responsabilidad de los funcionarios, obligados a transparentar contactos, vínculos y reuniones.
El objetivo declarado del proyecto es compatibilizar la influencia legítima de sectores económicos y sociales con un mayor control ciudadano sobre la toma de decisiones en el Estado.
Súper RIGI: incentivos para inversiones de gran escala
Una hora más tarde, desde las 15, será el turno del debate sobre el llamado Súper RIGI, un régimen de incentivos orientado a grandes inversiones en industrias de avanzada. Participarán las comisiones de Presupuesto y Hacienda, presidida por Bertie Benegas Lynch; Industria, a cargo de José Luis Garrido; y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, encabezada por Martín Yeza.
Está prevista la exposición de dos altos funcionarios del Ministerio de Economía: el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne. Ambos detallarán los alcances del programa y sus beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para los proyectos que se inscriban.
El nuevo esquema amplía y profundiza el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobado en 2024 dentro de la Ley Bases, y se focaliza en sectores estratégicos que habían quedado afuera del diseño original.
Qué sectores abarca y qué beneficios ofrece
El Súper RIGI apunta a atraer inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares en actividades consideradas de “frontera” tecnológica. Entre ellas se destacan:
- Minerales críticos como litio y uranio.
- Producción de baterías y desarrollo de energías renovables, como hidrógeno verde.
- Fabricación de vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares.
- Reactores nucleares pequeños y medianos.
- Industrias vinculadas a semiconductores e inteligencia artificial.
Para estos proyectos se ofrece un horizonte de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años. En términos concretos, el régimen contempla una reducción del impuesto a las Ganancias al 15%, amortización acelerada de inversiones (60% en el primer año y 20% en cada uno de los dos años siguientes), certificados de crédito fiscal para cancelar IVA y contribuciones patronales con una alícuota unificada del 10%.
El paquete incluye, además, la posibilidad de deducir quebrantos sin límite temporal, una alícuota reducida para dividendos (7%, que bajará al 3,5% a partir del cuarto año), exención de derechos de importación y eliminación de derechos de exportación. También se prevé levantar restricciones y cupos para operar y habilitar la disponibilidad progresiva de divisas de exportación, con acceso al 100% de los dólares generados a partir del tercer año.
Entre la búsqueda de transparencia política y la carrera por captar inversiones, Diputados enfrenta una jornada que podría marcar la agenda institucional y económica de los próximos años.
Con acuerdos previos y posiciones todavía en discusión, el resultado de este “súper miércoles” en la Cámara baja será clave para medir el nivel de respaldo legislativo a la estrategia del Gobierno en materia de transparencia y promoción de inversiones.
