Sesión clave en Diputados por soberanía y política monetaria

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La Cámara de Diputados se prepara para una sesión de alto voltaje político este miércoles al mediodía, convocada a pedido del bloque oficialista de La Libertad Avanza. En el centro de la escena estarán dos iniciativas consideradas estratégicas por el Gobierno nacional: la denominada “Ley Malvinas”, que refuerza el régimen de defensa de la soberanía en el Atlántico Sur, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, orientada a consolidar el esquema de “emisión cero”.
La sesión especial, citada para las 12, prevé un debate que se extenderá hasta altas horas de la madrugada. Además de los proyectos centrales, el temario incluye la aprobación de acuerdos para la transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires en delitos de menores y contra la integridad sexual, el Convenio de Libre Comercio entre la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y el Mercosur, y una enmienda al Protocolo de Montevideo.
La “Ley Malvinas”: soberanía, sanciones y tensiones políticas
El oficialismo confía en reunir los votos necesarios para aprobar en general la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como “Ley Malvinas”. Sin embargo, uno de sus capítulos más sensibles —el capítulo 7— enfrenta una fuerte resistencia de bloques dialoguistas, lo que abre la puerta a que sea suprimido durante la votación en particular.
Ese capítulo requiere una mayoría especial de 129 votos por introducir cambios en materia electoral, como la imposición de multas a extranjeros que financien campañas políticas. También prevé penas para quienes organicen o colaboren con operaciones de inteligencia al servicio de potencias extranjeras, revelen secretos de Estado o impulsen campañas de sabotaje contra el Gobierno o la población.
Uno de los núcleos de la iniciativa establece un régimen de sanciones penales y económicas para empresas petroleras y sus directivos que exploten recursos en la cuenca de Malvinas sin autorización argentina, con penas que pueden llegar hasta los 20 años de prisión. El Gobierno destaca que se excluye a accionistas minoritarios con participaciones inferiores al 2% y a fondos de inversión con participación indirecta.
Críticas por concentración de poder y rol de las Fuerzas Armadas
Mientras sectores de la oposición dura avalan el esquema de sanciones a empresas que operen en el Atlántico Sur, cuestionan con fuerza otros puntos del proyecto. El peronismo y la izquierda advierten que la norma funciona como un “caballo de Troya” que amplía de manera inédita las facultades del Poder Ejecutivo frente a una ampliamente definida “amenaza externa”.
- Creación de un Consejo de Seguridad Nacional, presidido por el Presidente e integrado por ministros clave y autoridades de inteligencia.
- Facultades para disponer medidas urgentes como restricciones cambiarias y financieras, bloqueo de fondos, freno a importaciones y exportaciones y suba temporal de derechos aduaneros.
- Mantenimiento de protocolos polémicos como el derribo de aeronaves y el hundimiento de buques en determinadas circunstancias.
Los bloques críticos denuncian que las definiciones de “terrorismo” y “amenaza externa” son demasiado laxas y pueden habilitar la persecución de la disidencia y restricciones a las libertades civiles.
Ante las objeciones, el oficialismo aceptó dejar fuera de cualquier tipo de sanción penal o económica a la actividad diplomática, el periodismo, la investigación académica y el lobby regulado. También se incorporó, a pedido de aliados, una Comisión Bicameral de Seguimiento que deberá recibir en un plazo máximo de 48 horas un informe sobre las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional.
Reforma del Banco Central: blindaje institucional y “emisión cero”
El otro eje del debate será la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El proyecto busca consolidar un mandato único para la entidad: preservar el valor de la moneda, prohibiendo el financiamiento al Tesoro y dejando atrás la multiplicidad de objetivos incorporada en 2012 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Si bien la Cámara de Diputados había aprobado originalmente un esquema más rígido para remover directores del BCRA, que exigía dos tercios en ambas cámaras, el Senado modificó ese punto y lo reemplazó por una mayoría absoluta del pleno de la Cámara alta para concretar las remociones. Sin margen político para insistir con la redacción original, el oficialismo de Diputados se encamina a aceptar los cambios.
La iniciativa prohíbe los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a provincias, el uso de letras intransferibles y la compra de títulos públicos en el mercado primario. También se limita la posibilidad de considerar como ganancias reales ciertas utilidades contables, con el argumento de evitar que futuras gestiones puedan “volver a prender la maquinita” y desencadenar nuevas rondas inflacionarias.
En los fundamentos, el oficialismo sostiene que “la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario” y que, por lo tanto, el Banco Central no debe actuar como banca de fomento ni orientar el crédito hacia sectores específicos, sino concentrarse exclusivamente en la estabilidad de la moneda.
Un debate que trasciende la coyuntura
Tanto la Ley Malvinas como la reforma del Banco Central forman parte del intento del Gobierno de Javier Milei por rediseñar el esquema de defensa, seguridad y política monetaria del país, con efectos que podrían proyectarse más allá de su propia gestión. La jornada legislativa promete dejar definiciones clave sobre el alcance de las facultades del Ejecutivo, el rol del Congreso y el modelo económico que la Argentina aspira a consolidar en los próximos años.

