El Gobierno defiende su política universitaria ante Diputados
NewsITe
La Cámara de Diputados será este martes el escenario de un nuevo capítulo en la disputa entre el Gobierno nacional y las universidades públicas por el financiamiento del sistema. En el marco del tratamiento del Presupuesto 2027, el oficialismo expondrá y defenderá los números previstos para la educación superior luego de la masiva marcha universitaria de la semana pasada que terminó con graves incidentes en las inmediaciones del Congreso.
Desde las 10, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro “El Galleguito” Álvarez, asistirán a la comisión de Presupuesto para explicar el alcance de la partida destinada a las Universidades Nacionales y el criterio de distribución de los fondos contemplados en el proyecto de ley de gastos y recursos para el año próximo.
El punto más sensible de la discusión es la brecha entre lo que propone el Poder Ejecutivo y lo que reclaman las casas de altos estudios. Mientras el Gobierno plantea asignar 7,3 billones de pesos al sistema universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las universidades públicas insisten en que se necesitan 11 billones para garantizar su funcionamiento básico, afrontar costos salariales y sostener la infraestructura y los servicios esenciales.
La controversia también involucra la aplicación de la ley de financiamiento universitario recientemente aprobada en el Congreso. Álvarez sostuvo en redes sociales que los legisladores votaron una norma que asigna recursos por fuera de la Ley de Administración Financiera, lo que, según su interpretación, activa el artículo 5 de la Ley de Ejecución Presupuestaria. Ese artículo determina que toda ley que disponga gastos debe prever claramente su financiamiento, y que, en caso contrario, su aplicación queda suspendida hasta que se incorporen las partidas en el Presupuesto nacional.
Defensa oficial y condiciones para el financiamiento
Desde el oficialismo remarcan que el Poder Ejecutivo cumplió con la obligación de promulgar la ley y, al mismo tiempo, suspender su ejecución por falta de fondos asignados. También señalan que se dio cumplimiento a una medida cautelar dictada por la Justicia, aunque la causa se encuentra apelada ante la Cámara, motivo por el cual el Gobierno asegura actuar “plenamente a derecho”.
El proyecto de Presupuesto 2027 incorpora, además, nuevas condiciones para las Universidades Nacionales. Entre otros puntos, exige que las instituciones presenten ante el Ministerio de Capital Humano toda la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos transferidos en todos los conceptos. En caso de incumplimiento, la iniciativa habilita a interrumpir las transferencias de fondos.
- Las universidades deberán detallar la ejecución presupuestaria y contable en sus cuentas de inversión.
- Se exige clasificar el gasto por funciones: educación y cultura, salud, ciencia, tecnología e innovación.
- Los aumentos salariales de 2027 se calcularán sobre las plantas docente y no docente vigentes a noviembre de 2026.
- Cualquier incremento de planta de personal requerirá aprobación expresa del Ministerio de Capital Humano.
Educación 2027: recortes y prioridades
Más allá del capítulo universitario, el Presupuesto 2027 para todo el sector educativo asciende a 9,8 billones de pesos. Dentro de esa cifra se anticipan recortes en programas sensibles como las becas Progresar, la asistencia a comedores escolares, las políticas de Educación Sexual Integral (ESI), la infraestructura escolar y la formación docente continua, áreas que los especialistas consideran clave para reducir la desigualdad educativa.
El único programa que muestra un crecimiento significativo es el Plan Nacional de Alfabetización, al que se proyecta asignar 773.000 millones de pesos. Desde el Gobierno argumentan que se trata de una apuesta estratégica para enfrentar las graves dificultades de lectura y comprensión de textos que muestran las últimas evaluaciones nacionales e internacionales en los primeros años de la escolaridad.
El proyecto mantiene, en paralelo, el esquema de reparto automático de recursos educativos hacia las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios, con la obligación de destinarlos exclusivamente a fines vinculados con la función educación. En este marco, el debate en Diputados no solo definirá el nivel de financiamiento, sino también el modelo de control, transparencia y prioridades de la política educativa para 2027.
El resultado de la discusión presupuestaria será clave para el futuro inmediato de las universidades públicas y para el alcance de las políticas educativas en todo el país.
Con un clima de tensión latente entre el oficialismo y las instituciones universitarias, la audiencia de este martes será observada de cerca por rectores, docentes, estudiantes y gobernadores, atentos a cómo se repartirán los recursos en un contexto de restricciones fiscales y crecientes demandas sociales.
