Distintos legisladores opositores presentaron un proyecto de ley, para estas maniobras sean tipificadas penalmente.
Esta semana, diputados nacionales de Juntos por el Cambio presentaron en la Cámara Baja un proyecto de ley, el cuál tiene como principal objetivo lograr que los bloqueos sindicales a empresas sean considerados delitos penales.
La iniciativa impulsada por la cordobesa Laura Rodríguez Machado, que también lleva las firmas de Cristian Ritondo y María Eugenia Vidal, entre otros, propone que “quienes bajo el pretexto de razones gremiales impidan o estorben el normal funcionamiento de un establecimiento comercial o industrial” sean penados con reclusión o prisión de tres a ocho años.
Asimismo, los implicados quedarían inhabilitados para ejercer su representación gremial por el doble del tiempo de la pena. “Hoy no es considerado un delito penal. Lo que hace la Justicia es librar el ingreso, pero no persigue a los responsables”, detalló la diputada Laura Rodríguez Machado, una de las impulsoras de este proyecto.
“Hay una especia de vacío legal a partir del cual algunos gremios buscan naturalizar una práctica que no es parte del derecho laboral”, aseveró.