Proyectos para regular el crédito digital y proteger a usuarios vulnerables
NewsITe
Con más de seis millones de personas endeudadas a través de billeteras virtuales y otras plataformas de crédito digital, diputados de distintos bloques opositores presentaron en la Cámara baja una batería de proyectos para frenar el sobreendeudamiento y las prácticas abusivas en el ecosistema financiero no bancario.
Las iniciativas apuntan a llenar un vacío regulatorio en un segmento que creció de manera explosiva en los últimos años, impulsado por las fintech y las aplicaciones móviles que otorgan crédito en pocos clics, muchas veces sin evaluación adecuada de la capacidad de pago del usuario y con tasas de interés que, según denuncian los legisladores, pueden ubicarse entre el 100% y el 700% anual.
De acuerdo con el Informe sobre Bancos del Banco Central correspondiente a mayo de 2026, la mora de las familias en el sistema bancario trepó al 12,8%. Sin embargo, la situación es aún más delicada en el universo no bancario: la irregularidad entre proveedores no financieros alcanzó el 28,7%, empujada por un 34,1% de mora en préstamos personales y un 19,4% en tarjetas de crédito, según datos de la consultora EcoGo.
Un proyecto para frenar el crédito impulsivo y dar una segunda oportunidad
Uno de los proyectos fue presentado por el diputado Pablo Juliano, de Provincias Unidas, quien propuso una regulación específica para el crédito ofrecido por aplicaciones móviles y billeteras virtuales. El texto busca limitar el llamado “crédito impulsivo”, es decir, aquel que se toma casi de manera automática, bajo presión de notificaciones permanentes y con poca información sobre el costo real del financiamiento.
La iniciativa obliga a entidades financieras y fintech a evaluar la situación económica integral de cada solicitante antes de aprobar un nuevo préstamo, con el objetivo de impedir la acumulación de deudas pequeñas en múltiples plataformas que terminan conformando una carga impagable. Para quienes ya se encuentran en una situación crítica, el proyecto prevé un procedimiento judicial de rehabilitación financiera.
Ese mecanismo contempla planes de pago ajustados a los ingresos reales del deudor, con adecuación de intereses, cargos y penalidades, y la suspensión temporal de ejecuciones que puedan poner en riesgo la subsistencia digna o la conservación de bienes esenciales. Además, incorpora una “segunda oportunidad”: si la persona actúa de buena fe y cumple sustancialmente con el plan homologado por la Justicia, el juez podrá extinguir total o parcialmente las deudas remanentes.
Control de algoritmos, dark patterns y cobranzas agresivas
El proyecto de Juliano también avanza sobre el uso de llamados “dark patterns” y la gamificación: herramientas de diseño de interfaces que inducen a contratar crédito ocultando información clave. Se busca prohibir pantallas confusas, simulaciones engañosas y sistemas de puntos o premios que empujen a endeudarse más, así como el bombardeo de mensajes con ofertas de préstamos preaprobados.
Otro capítulo se concentra en los sistemas automatizados de evaluación crediticia. Las fintech deberán garantizar algoritmos transparentes, auditables y con posibilidad de revisión humana, para evitar sesgos discriminatorios y decisiones opacas sobre quién accede al crédito y en qué condiciones.
En materia de cobranzas, la propuesta prohíbe el hostigamiento, la intimidación y toda forma de violencia económica contra personas morosas, fijando límites claros a los métodos de gestión de deuda. “Las billeteras virtuales deben cumplir los mismos protocolos que las tarjetas bancarias”, remarcó Juliano, al cuestionar la sobreoferta de crédito a usuarios ya endeudados, que terminan entrando en un círculo sin salida.
“Una persona debe pagar sus deudas, pero el sistema tampoco puede condenarla a permanecer excluida o endeudada de por vida. Cuando el sobreendeudamiento se vuelve masivo, deja de ser un problema privado y se transforma en un problema económico y social de carácter sistémico”, advirtió el diputado.
Protección específica para beneficiarios de la ANSES
En paralelo, un grupo de 27 legisladores del peronismo federal, encabezados por Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria), presentó otro proyecto focalizado en los beneficiarios de prestaciones sociales de la ANSES, uno de los segmentos más buscados por las plataformas de crédito debido a la previsibilidad de sus ingresos.
Los diputados denuncian que muchas fintech y proveedores de crédito no bancario aprovechan esa regularidad para ofrecer préstamos con Costos Financieros Totales que pueden superar el 700%. El texto propone que la estabilidad de esos ingresos sea considerada de manera positiva al evaluar la capacidad de pago, pero sin que la condición socioeconómica o la informalidad laboral se conviertan en una penalidad automática.
Uno de los ejes centrales es el funcionamiento de los algoritmos que perfilan a los solicitantes. El objetivo es impedir que variables vinculadas con bajos ingresos, trabajo informal o el carácter asistencial de las prestaciones terminen encareciendo el crédito y profundizando la desigualdad. Todas las decisiones automatizadas deberían contar con revisión humana y los datos utilizados quedarían protegidos bajo normas específicas.
Límites a las tasas y resguardo de prestaciones alimentarias
El proyecto de Tolosa Paz establece que la tasa de interés compensatorio no podrá superar el promedio de las tasas del sistema financiero para préstamos personales que publica el Banco Central. Ese tope no podría sortearse mediante cargos adicionales, comisiones, seguros u otros conceptos que encarezcan el crédito por la vía indirecta.
También obliga a informar el Costo Financiero Total de manera visible, clara y comprensible antes de la contratación, para que los usuarios puedan comparar opciones y dimensionar el verdadero impacto del crédito sobre sus ingresos.
Además, se fijan salvaguardas específicas para prestaciones de carácter alimentario, como la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, la Prestación Alimentar y el Plan 1000 días. Los fondos provenientes de estos programas no podrían ser objeto de débitos automáticos ni mecanismos de cobro recurrente destinados a cancelar préstamos, aunque se mantendría la opción de realizar pagos voluntarios y expresos.
Con estas iniciativas, la oposición busca abrir en el Congreso un debate de fondo sobre el modelo de inclusión financiera que se está consolidando en la Argentina y los límites necesarios para que la innovación tecnológica no se traduzca en nuevos mecanismos de exclusión y sobreendeudamiento.
