La Legislatura defendió el alcance de los fueros y cuestionó una denuncia penal
NewsITe
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires salió públicamente a cuestionar la denuncia presentada por el juez de Garantías Guillermo Atencio y ratificó la vigencia de las garantías constitucionales que amparan a los legisladores por los votos emitidos en el ejercicio de sus funciones. El pronunciamiento, difundido a través de un comunicado institucional, buscó cerrar cualquier sospecha de maniobras de encubrimiento en torno a expedientes vinculados a causas judiciales sensibles.
En el texto, la Cámara consideró “especialmente relevante preservar las garantías constitucionales que rigen el funcionamiento del Poder Legislativo” y calificó como “inadmisible” cualquier intento de perseguir penalmente a diputados por el sentido de su voto en una sesión. El cuerpo recordó que dichas garantías están respaldadas por el artículo 96 de la Constitución bonaerense, que otorga protección a las opiniones y decisiones de los integrantes de ambas Cámaras mientras desempeñan su mandato.
La respuesta política se conoció luego de que Atencio presentara, el 25 de septiembre de 2026, una denuncia vinculada al manejo de documentación legislativa. La Cámara puntualizó que la resolución mediante la cual se dispuso el archivo de determinados expedientes fue aprobada por más de dos tercios de los diputados el 28 de mayo de 2026, es decir, casi tres meses antes de que ingresara el requerimiento judicial, fechado el 19 de agosto.
Por ese motivo, el cuerpo legislativo rechazó de manera enfática que hubiera existido ocultamiento de pruebas. Según detalló, la decisión de archivo fue tratada y votada en una sesión pública, cuya transmisión pudo seguirse en vivo por los canales institucionales de la Legislatura. De esta forma, la Cámara buscó remarcar que no hubo decisiones reservadas ni actuaciones administrativas por fuera de los procedimientos previstos.
Diferencias entre las causas Rigau y Rodríguez
Otro de los puntos centrales del comunicado fue la aclaración sobre el alcance de los requerimientos judiciales mencionados por Atencio. La Cámara indicó que, de acuerdo con la documentación en análisis, esos pedidos no correspondían a la llamada causa Julio Rigau —un expediente de alto impacto público en la provincia—, sino a la causa Rodríguez, vinculada a un hecho de hurto.
En relación específica con el expediente Rigau, la Legislatura aseguró haber remitido la información requerida por la Justicia y sostuvo que la investigación penal siguió su curso con normalidad. En ese marco, remarcó que la causa fue elevada a juicio y que hay personas privadas de su libertad, lo que, a su criterio, demuestra que no existió obstáculo alguno desde el Poder Legislativo para el avance del proceso.
Equilibrio de poderes y defensa de la autonomía legislativa
La Cámara también afirmó haber respondido formalmente al requerimiento judicial, informando que las actuaciones administrativas vinculadas a esos expedientes habían sido archivadas y que tal decisión fue luego convalidada mediante un acto legislativo. La aclaración buscó despejar dudas sobre la regularidad del procedimiento interno y remarcar que cada paso estuvo documentado.
En el tramo final del pronunciamiento, los diputados bonaerenses advirtieron que las facultades de control entre los distintos poderes del Estado no deben emplearse “de manera abusiva para condicionar, limitar o inhibir el funcionamiento de otro poder”. En línea con los principios republicanos, el cuerpo sostuvo que el equilibrio institucional requiere preservar tanto la independencia del Poder Judicial como la autonomía del Poder Legislativo, en particular en lo que respecta al ejercicio del voto y a la organización de su trabajo interno.
“Resulta inadmisible que se pretenda perseguir penalmente a legisladores por los votos emitidos en ejercicio de sus funciones”, sostuvo la Cámara de Diputados bonaerense en su comunicado oficial.
Con este posicionamiento, la Cámara buscó fijar una postura clara frente a la denuncia del juez Atencio y, al mismo tiempo, enviar una señal política sobre los límites del control interinstitucional y la importancia de respetar los fueros parlamentarios establecidos en la Constitución provincial.
