Dictamen en Diputados por la nueva ley de Defensa de la Soberanía
NewsITe
En un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) consiguió este lunes el dictamen de mayoría para el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional, eje de la estrategia del Gobierno en torno a la cuestión Malvinas y a la protección de los recursos estratégicos del país. La iniciativa quedó así en condiciones de ser tratada en el recinto en la sesión prevista para el 12 de noviembre.
La discusión se dio en el ámbito de las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación Penal, encabezadas por los diputados libertarios Carlos Zapata, Juliana Santillán y Laura Rodríguez Machado, respectivamente. A lo largo del debate se introdujeron cambios clave para lograr el acompañamiento de bloques aliados y atenuar las resistencias de parte de la oposición.
Uno de los puntos centrales reformulados fue el esquema de sanciones a empresas vinculadas con actividades económicas en las Islas Malvinas. El oficialismo incorporó modificaciones para limitar los castigos a aquellas firmas o filiales que tengan una participación directa y relevante en los proyectos cuestionados, siguiendo una sugerencia planteada por Estados Unidos. De esta manera, se busca evitar que queden alcanzadas compañías sin injerencia efectiva en los emprendimientos.
El caso testigo que se menciona en el debate parlamentario es el proyecto petrolero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte, donde participan la empresa británica Rockhopper y la israelí Navitas. El texto dictaminado apunta a concentrar las sanciones en operadores que se beneficien de manera directa de la explotación de hidrocarburos en la zona en disputa con el Reino Unido.
Cambios en el régimen de sanciones y en el Consejo de Seguridad
Otro ajuste relevante se dio en la fórmula para calcular las penalidades en aquellos casos donde no se pueda determinar con precisión el monto de la inversión o el beneficio obtenido. En ese supuesto, la sanción económica pasaría a fijarse en un rango que oscila entre 2.000 y 40.000 barriles de petróleo, lo que implica duplicar el máximo de la multa originalmente prevista.
En paralelo, se amplió la composición del Consejo de Seguridad, órgano que tendrá un rol protagónico en la aplicación de la ley. Además del Presidente, el canciller, los ministros de Defensa y Economía, el titular de la ex SIDE y el secretario Legal y Técnico, se sumó el Ministerio de Seguridad. También se prevé la participación del presidente de la Cámara de Diputados, el presidente provisional del Senado, gobernadores y el Ministerio de Seguridad Interior como miembros no permanentes, convocados ante situaciones consideradas críticas.
Control parlamentario y salvaguardas para el periodismo
Durante el plenario se aceptó además la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento de Asuntos de Seguridad Nacional, integrada por ocho legisladores. Este cuerpo tendrá la facultad de monitorear la implementación de la ley, recibir informes periódicos del Poder Ejecutivo y emitir recomendaciones sobre la política de defensa y seguridad vinculada a la soberanía nacional.
Otro de los artículos que generó mayor discusión fue el que contemplaba penas de entre 5 y 12 años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero, alteren procesos electorales o manipulen la opinión pública. A pedido de distintos bloques, se incorporaron salvaguardas explícitas que excluyen de esas conductas punibles al ejercicio del periodismo, la investigación académica, la actividad diplomática y la representación abierta de intereses.
- Se limitan las sanciones a empresas con participación directa en proyectos cuestionados en Malvinas.
- Se incrementa el rango de multas económicas, atado al valor de barriles de petróleo.
- Se amplía la integración del Consejo de Seguridad con nuevas autoridades políticas y de seguridad.
- Se crea una Comisión Bicameral para el control y seguimiento de la ley.
- Se protege la labor periodística, académica y diplomática de posibles criminalizaciones.
La ley de Defensa de la Soberanía apunta a reforzar las herramientas del Estado argentino frente a injerencias extranjeras y a la explotación de recursos en áreas en disputa, sin avanzar sobre la libertad de prensa ni las actividades de investigación.
En cuanto al respaldo político, el dictamen de mayoría obtuvo 60 firmas de diputados de La Libertad Avanza, PRO, la UCR y el bloque Provincias Unidas. Dentro de este grupo, algunos legisladores acompañaron con disidencias parciales, como el santafesino Pablo Farías y los misioneros Alberto Arrúa y Oscar Herrera Ahuad. Unión por la Patria presentó un dictamen de minoría con el apoyo de 38 diputados, mientras que Esteban Paulón, junto con los cordobeses Carlos Gutiérrez y Juan Brügge, impulsaron otro despacho alternativo. La izquierda, por su parte, también llevó su propio texto, encabezado por la diputada Myriam Bregman. El escenario anticipa un debate intenso en el recinto, donde quedará a la vista el posicionamiento de cada bloque frente a una iniciativa que combina la agenda de Malvinas, la seguridad nacional y la regulación de la influencia extranjera en la política argentina.
