La iniciativa señala que “todas las personas tienen derecho a la práctica de la actividad física y el deporte, de forma libre y voluntaria, conforme a su identidad y expresión de género”. Además, apunta que “es obligación del Estado elaborar y ejecutar políticas públicas deportivas de manera que el acceso de la ciudadanía se realice en igualdad de condiciones y de oportunidades”.
El Jueves 10 de Noviembre fue un día histórico en materia legislativa en cuanto a deporte y género. Se aprobaron proyectos de ley vinculados: uno promueve la igualdad y paridad entre mujeres y varones; y el otro, busca que en las asociaciones deportivas se creen protocolos ante situaciones de violencia de género o discriminación. Las propuestas no contaron con el apoyo del PRO, cuyos diputados abandonaron sus bancas.
La primera iniciativa indica que “todas las personas tienen derecho a la práctica de la actividad física y el deporte, de forma libre y voluntaria, conforme a su identidad y expresión de género”. Además, apunta que “es obligación del Estado elaborar y ejecutar políticas públicas deportivas de manera que el acceso de la ciudadanía se realice en igualdad de condiciones y de oportunidades”.
Entre las modificaciones a la Ley 20.655 -Ley de Deporte-, incorpora que el Estado promoverá al deporte bajo el objetivo de “prevenir situaciones de discriminación o violencia de cualquier clase, en especial en razón del sexo, características sexuales, género, identidad de género, expresión de género, orientación sexual y/o la situación de discapacidad”. También deberá promover las acciones necesarias para garantizar la plena autonomía e inclusión social de las personas con discapacidad en el ámbito del deporte, atendiendo particularmente a las necesidades específicas de las mujeres, niñas y las diversidades con discapacidad.
Tendrá que impulsar la implementación de deportes con modalidad de habilidades mixtas en clubes e instituciones deportivas, generando acciones de promoción del deporte inclusivo, entre las que se incluirán incentivos económicos y talleres de capacitación y formación de personal.
Programa, elecciones y listas
Se crea con miras a estos objetivos, el “Programa de Igualdad en el Deporte” y se establece una articulación entre el Ministerio de Turismo y Deportes y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.
Se establece un sistema de representación y paridad de género progresivo en las listas que se presenten para la elección de los/las integrantes de los cargos en Consejos Directivos en las asociaciones civiles deportivas de primer grado. En la sesión se logró incluir la paridad en las federaciones de 1 y 2 grado.
Durante el primer año de la norma, las listas deberán tener candidatas en un 20%; a los tres años de sancionada la ley, en un 30%; y a los cinco años deberá observarse la paridad entre mujeres y varones.
Asimismo, prevé la promoción de la igualdad y paridad respecto de salarios, becas y premios, así como las condiciones laborales en las entidades deportivas
Protocolo ante violencia
En tanto, el segundo proyecto, aprobado por 150 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones, fue propuesto por el presidente de la Comisión de Deportes, Héctor Baldassi (Pro). Y como el resto de su bloque, no estuvo presente a la hora de la votación.
La iniciativa dispone la creación de un protocolo institucional ante situaciones de violencia de género y/o discriminación en asociaciones civiles deportivas.
Así, se incorpora como artículo 21 ter de la Ley 20.655 que “las asociaciones civiles deportivas de primer grado, de segundo grado, de representación nacional, superiores, así como los clubes de barrio y pueblo previstos en la ley 27.098 deberán dictar un protocolo institucional para prevenir e intervenir ante situaciones de violencia de género y/o discriminación”.
Y estipula que “a los efectos de acceder a todo tipo de subsidio o beneficio de cualquier naturaleza otorgado por el Estado nacional, las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las asociaciones civiles deportivas deberán acreditar la existencia del protocolo institucional para prevenir e intervenir ante situaciones de violencia de género y/o discriminación, aprobado por la comisión directiva”.