Diputados dio media sanción al Régimen Penal Juvenil
NewsITe
La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto de Régimen Penal Juvenil que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad en la Argentina. La iniciativa, impulsada por el oficialismo de La Libertad Avanza y acompañada por varios bloques aliados, ahora pasará al Senado, donde podría tratarse en una sesión prevista para el 26 de febrero, según anticiparon fuentes parlamentarias.
El proyecto obtuvo 149 votos afirmativos y 100 negativos, concentrados en el peronismo, la izquierda y algunas bancadas provinciales. Se trata del primer debate de este alcance sobre la responsabilidad penal juvenil que llega al recinto desde el retorno de la democracia, con el foco puesto en modificar una normativa heredada de la última dictadura y establecer un nuevo régimen específico para adolescentes en conflicto con la ley penal.
Entre los bloques que respaldaron la iniciativa se cuentan la UCR, el PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo e Independencia. En tanto, el Frente Renovador, que históricamente se manifestó a favor de bajar la edad de imputabilidad, terminó votando en contra en la votación en general, aunque uno de sus referentes, Ramiro Gutiérrez, acompañó algunos artículos en la discusión en particular.
Puntos centrales del nuevo régimen penal juvenil
El texto aprobado en Diputados propone un régimen especial para menores de 18 años con un abanico de sanciones que van desde medidas socioeducativas hasta penas de prisión para los delitos más graves, que podrían llegar a los 15 años de cárcel. El proyecto excluye expresamente la posibilidad de aplicar prisión perpetua a adolescentes.
Otro aspecto clave es la obligación de que los menores cumplan las sanciones en establecimientos especiales, separados de la población penal adulta, con el objetivo de evitar su convivencia con criminales ya condenados. El esquema incluye medidas de resocialización y acompañamiento integral.
- Prohibición de penas perpetuas para menores.
- Separación obligatoria de jóvenes y adultos en los lugares de detención.
- Medidas socioeducativas y de resocialización como eje del sistema.
- Hasta 15 años de prisión para delitos de extrema gravedad.
- Alternativas a la cárcel para delitos de menor cuantía.
Para los delitos cuya escala penal sea inferior a 3 años, se descarta la aplicación de penas privativas de la libertad. En los casos con penas de entre 3 y 10 años, cuando no haya resultado muerte ni lesiones graves, se priorizan sanciones alternativas con enfoque social y educativo, tales como trabajo comunitario, programas de formación, acompañamiento psicológico y seguimiento institucional.
El debate político y las críticas al proyecto
La presidenta de la Comisión de Legislación Penal y miembro informante del dictamen de mayoría, Laura Rodríguez Machado, defendió la reforma y remarcó que el objetivo no es “amontonar menores privados de la libertad en establecimientos”, sino avanzar en su “resocialización” dentro de un marco legal más claro y actualizado.
Desde la oposición, la diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz cuestionó el enfoque comunicacional del oficialismo y criticó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por instalar el lema “delito de adulto, pena de adulto”. Afirmó que esa consigna “podrá servir para una campaña electoral, pero se aleja de la responsabilidad que tenemos quienes debemos sacar adelante este país”.
“No somos nosotros los que relacionamos delito con pobreza, pero siempre la criminalización efectiva se aplica sobre los sectores populares y los hijos de la clase trabajadora”, advirtió la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman, al rechazar el proyecto.
El presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, advirtió que la sola reducción de la edad de imputabilidad no resolverá el problema de la inseguridad y que la ley debe complementarse con políticas de prevención y contención frente al avance del narcotráfico sobre los jóvenes.
Uno de los puntos más controvertidos del debate fue el financiamiento del nuevo sistema. Dirigentes de bloques provinciales, como Gisela Scaglia de Provincias Unidas, plantearon que no puede recaer exclusivamente sobre los gobernadores el costo de crear y sostener nuevas estructuras especializadas. La propuesta de un mecanismo de financiamiento directo impulsada por parte de la oposición fue rechazada, y el oficialismo mantuvo la fórmula de convenios entre Nación y provincias.
Con la media sanción obtenida en Diputados, el Senado tendrá ahora la última palabra sobre una reforma de alto impacto institucional, jurídico y social, que podría redefinir la política penal juvenil en la Argentina en las próximas décadas.
