El oficialismo mueve fichas en Diputados en medio de la tensión política
NewsITe
Mientras la atención pública sigue puesta en la Copa Mundial de Fútbol, la Cámara de Diputados se prepara para una jornada de alta intensidad política y legislativa. Este miércoles se desarrollarán cuatro plenarios de comisión en el anexo del Palacio, con el objetivo de empujar la agenda del Gobierno nacional y mostrar capacidad de iniciativa en medio de crecientes cuestionamientos al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
En una misma jornada se tratarán el acuerdo para cancelar la deuda pendiente con dos fondos buitre, el nuevo Súper Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (Súper RIGI), el proyecto de ley de lobby o gestión de intereses y la denominada Ley de Inocencia Fiscal. Dos de esos temas —el acuerdo con los fondos buitre y el Súper RIGI— se encaminan a obtener dictamen este mismo miércoles, con la mirada puesta en una posible sesión para el 24 de junio, fecha que el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, baraja como opción.
El oficialismo busca así correr, al menos parcialmente, el foco de los escándalos patrimoniales que envuelven a Adorni y que impactan de lleno en el Congreso. La oposición, por su parte, ya pidió una sesión especial para el 23 de junio con un temario que incluye desde pedidos de informes hasta la interpelación y una moción de censura contra el jefe de Gabinete, el mecanismo constitucional previsto para avanzar en su eventual destitución.
Acuerdo con fondos buitre: plazos y montos en juego
El primer plenario del día reunirá a las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Justicia. Allí se buscará firmar dictamen sobre el proyecto que avala el plan de pago a dos fondos buitre por un total de 171 millones de dólares, acuerdo alcanzado por el Gobierno de Javier Milei y que ya cuenta con media sanción del Senado, donde cosechó 40 votos positivos y 22 negativos.
Están invitados a exponer el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y el secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, Juan Ignacio Stampalija. El entendimiento fija el 30 de junio como fecha límite para la aprobación definitiva en Diputados, por lo que el oficialismo corre contra el reloj para cerrar uno de los últimos capítulos abiertos del default de 2001.
Producto del acuerdo de conciliación alcanzado en la Justicia de Estados Unidos, con una quita cercana al 30% de las sumas reclamadas, el Estado argentino debería pagar 67 millones de dólares a la firma Bainbridge Ltd. y 104 millones al grupo de holdouts encabezado por Attestor Value Master Fund LP. Con esto, el Gobierno pretende desactivar los juicios pendientes de los últimos acreedores remanentes de aquella crisis.
Súper RIGI: beneficios fiscales para inversiones de alta tecnología
Otro de los ejes centrales será el debate del Súper RIGI, que se retomará a las 15 en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Industria, y Ciencia y Tecnología. El proyecto ya tuvo instancias previas con exposiciones de funcionarios de Economía y de cámaras empresarias, y el oficialismo apunta a sacar dictamen al cierre de la reunión.
El régimen está orientado a grandes inversiones en sectores tecnológicos de frontera, como la industrialización de litio y uranio, producción de baterías, energías renovables —incluido hidrógeno verde—, vehículos eléctricos, turbinas eólicas, paneles solares, pequeños y medianos reactores nucleares, semiconductores e inteligencia artificial, entre otros. El umbral mínimo para acceder a los beneficios se fija en 1.000 millones de dólares, muy por encima de los 200 millones exigidos en el RIGI original.
El Súper RIGI propone estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por 30 años, reducción del impuesto a las Ganancias al 15%, amortización acelerada de inversiones, crédito fiscal para cancelar IVA, contribuciones patronales con una alícuota única del 10%, deducción ilimitada de quebrantos y una baja gradual de la alícuota a los dividendos, del 7% al 3,5% tras cuatro años. Además, plantea exención de derechos de importación, eliminación de retenciones y disponibilidad progresiva del 100% de las divisas de exportación luego del tercer año.
Ley de lobby y tensiones por la transparencia
Más complejo se presenta el escenario para la ley de lobby, que será discutida desde las 17 en las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General. La iniciativa, inspirada en el modelo estadounidense, apunta a regular la gestión de intereses ante el Poder Ejecutivo y el Congreso mediante la creación de un Registro Público de Gestiones e Intereses y la obligación de presentar declaraciones juradas sobre clientes y beneficiarios.
Organizaciones de la sociedad civil, colegios de abogados y cámaras empresarias cuestionaron la redacción enviada por el Ejecutivo, alertando sobre definiciones demasiado amplias que podrían equiparar el lobby corporativo con simples reclamos ciudadanos, pedidos de audiencias públicas o solicitudes de acceso a la información. También preocupa el alcance de las sanciones, que van desde multas de hasta 500 salarios mínimos hasta la inhabilitación para ejercer como lobista, y penas de prisión para quienes representen clandestinamente intereses extranjeros.
La iniciativa incluye obligaciones para los funcionarios de los tres poderes que mantengan reuniones con lobistas, quienes deberán dar publicidad a cada encuentro y detallar los temas tratados. En paralelo, el Senado se prepara para una clave reunión de Labor Parlamentaria, mientras la oposición intenta forzar el tratamiento de proyectos vinculados a la situación de Adorni, en un clima político que promete seguir tensándose en los próximos días.
La Cámara de Diputados se encamina a una semana definitoria, en la que el avance o el freno de estos proyectos marcará el pulso de la agenda política y económica del Gobierno.
