Diputados apura el tratamiento por el sobreendeudamiento familiar

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La Cámara de Diputados se prepara para una agenda intensa en torno a los proyectos vinculados al sobreendeudamiento familiar y la morosidad. Tras el emplazamiento de comisiones aprobado en la última sesión, el plenario de Finanzas y de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia se reunirá este martes a las 14 para analizar 76 expedientes que buscan establecer nuevas reglas de juego para el crédito al consumo y la protección de los usuarios financieros.
El proceso prevé una serie de encuentros que culminarán el 29 de septiembre con la firma de los dictámenes, en un escenario de fuerte tensión política entre el oficialismo y la oposición. Mientras los bloques opositores deberán unificar criterios entre múltiples iniciativas y dejar fuera algunos textos, el oficialismo apuesta a ordenar la discusión alrededor de un proyecto propio que el Poder Ejecutivo enviaría al Congreso en los próximos días.
De acuerdo con fuentes parlamentarias del oficialismo consultadas por la agencia NA, la propuesta del Gobierno se orientará a reforzar los mecanismos de información y control para los usuarios: incluiría advertencias obligatorias sobre los riesgos de endeudarse, un sistema de doble verificación para la contratación de productos financieros y la incorporación de instancias de educación financiera. El objetivo declarado es que los consumidores cuenten con herramientas más claras para tomar decisiones y evitar caer en espirales de deuda impagable.
No obstante, el borrador oficial no contemplaría límites al costo financiero total ni esquemas de refinanciación específicos para deudores críticos, dos puntos que sí están presentes en algunos de los proyectos impulsados por sectores opositores. Desde La Libertad Avanza remarcaron que el Gobierno no está dispuesto a «salir a rescatar a bancos o billeteras» y cuestionaron lo que califican como un enfoque «progresista» que, según sostienen, terminaría beneficiando a grandes jugadores del sistema antes que a los contribuyentes.
Un cronograma ajustado y lecturas políticas enfrentadas
El actual cronograma de trabajo fue el resultado de una sesión marcada por la disputa política. La semana pasada, la oposición logró reunir quórum sin el acompañamiento inicial del oficialismo y, tras un debate en el recinto, se aprobó por unanimidad el emplazamiento de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor con plazos acotados para dictaminar.
La Libertad Avanza había intentado evitar que la sesión se concretara, pero al constatar que la estrategia de vaciar el quórum no prosperaría, abrió un canal de negociación con los bloques dialoguistas. De ese cónclave surgió un acuerdo clave: el oficialismo aceptaría votar a favor del emplazamiento siempre que la comisión de Presupuesto y Hacienda quedara fuera del esquema. El Gobierno temía que, si se habilitaba a ese cuerpo, se avanzara con iniciativas que supusieran un mayor costo fiscal, algo que la administración libertaria busca evitar.
- El oficialismo apuesta a un proyecto propio con foco en advertencias y educación financiera.
- La oposición pretende introducir límites al costo financiero y alivios para deudores críticos.
- Las comisiones trabajarán sobre 76 expedientes hasta el 29 de septiembre.
«El escenario está abierto y aún es incierto cómo se acomodarán las fichas en el tablero», admiten en voz baja tanto en el oficialismo como en la oposición, conscientes de que la puja por los dictámenes será determinante para el futuro de la regulación del crédito al consumo.
De aquí al cierre del mes se abrirá una batalla silenciosa por las firmas en las comisiones. El oficialismo buscará seducir a los bloques dialoguistas para que respalden su dictamen, mientras la oposición intentará sostener sus propios proyectos con mayores niveles de protección para deudores. Más allá de las lecturas cruzadas sobre la última sesión, lo que se define ahora es el alcance de una regulación que impactará de lleno en miles de familias endeudadas en todo el país.

