Arranca en Diputados el tratamiento del proyecto por Malvinas
NewsITe
La Cámara de Diputados iniciará este miércoles 30 de septiembre el tratamiento del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, enviado por el Poder Ejecutivo el pasado 17 de septiembre, en medio de una escalada de tensión diplomática con el Reino Unido por la situación de las Islas Malvinas. El oficialismo llegará a la discusión con el control de las comisiones clave y la decisión política de acelerar los tiempos para emitir dictamen en la primera semana de octubre.
El debate se desarrollará en un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, que se reunirán a partir de las 12. De acuerdo con el cronograma de trabajo acordado, el objetivo es llegar al 6 de octubre con los dictámenes listos para ser llevados al recinto. Las presidencias de estas comisiones están en manos de Carlos Zapata (Defensa), Laura Rodríguez Machado (Legislación Penal) y Juliana Santillán (Relaciones Exteriores), todas referencias del bloque oficialista.
Desde la oposición, sin embargo, anticipan una discusión áspera y ya califican el texto como un “caballo de Troya”. Legisladores de Unión por la Patria y otros espacios críticos advierten que, bajo el paraguas de la reivindicación de Malvinas y la defensa de la soberanía, el Gobierno buscaría introducir una reconfiguración de la política de seguridad nacional con fuerte alineamiento con Estados Unidos y la agenda regional impulsada por Donald Trump y el senador Marco Rubio.
Endurecimiento de sanciones y creación de un Consejo de Seguridad Nacional
El proyecto plantea, en primer lugar, el endurecimiento de las penas por la explotación o cooperación en la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas y en los espacios marítimos e insulares circundantes sin autorización argentina. Las sanciones podrían llegar hasta los 20 años de prisión, además de inhabilitar a las empresas infractoras para operar en el país.
La iniciativa reemplaza la actual Ley 26.659 y amplía el alcance de las restricciones: ya no se limitarán a los hidrocarburos, sino que abarcarán todo aprovechamiento no autorizado de recursos naturales renovables y no renovables. Se creará, además, un registro público de infractores, con la prohibición para el Estado y los particulares de contratar con quienes figuren en ese listado, y se incorpora la figura del juicio en ausencia para los delitos contemplados.
Uno de los puntos más sensibles es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, los organismos de inteligencia y la Secretaría Legal y Técnica. Este cuerpo tendrá a su cargo la coordinación estratégica en materia diplomática, económica, militar, jurídica, cibernética y de inteligencia, y podrá intervenir en la protección de infraestructuras críticas.
El Consejo estará facultado para disponer medidas urgentes ante amenazas graves e inminentes, como restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear fondos y activos, suspender autorizaciones o contratos, limitar importaciones y exportaciones e incrementar temporalmente derechos de importación. También se prevé, como último recurso dentro de un protocolo de actuación, la posibilidad de derribar aeronaves o hundir buques declarados hostiles.
Financiamiento político, terrorismo y redefinición de la Defensa Nacional
El texto incluye, asimismo, la prohibición de aportes económicos de extranjeros sin residencia permanente y de personas jurídicas extranjeras a partidos políticos y campañas electorales. Se incorporan nuevas figuras penales vinculadas a la revelación de secretos a Estados o servicios de inteligencia extranjeros y a la colaboración con operaciones clandestinas de inteligencia.
Otro aspecto relevante es la penalización de las acciones destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública a través de campañas coordinadas de desinformación masiva financiadas desde el exterior, así como la promoción o financiación de actos de violencia o sabotaje. En paralelo, el proyecto redefine las funciones de la Defensa Nacional y habilita su intervención en tareas de seguridad interna frente a amenazas externas, ya sean estatales o no estatales, lo que para sectores opositores supone un avance sobre la frontera que separa defensa y seguridad interior.
La propuesta incorpora por ley el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), que permitirá inmovilizar bienes y prohibir operaciones económicas o financieras con quienes sean incluidos en ese listado por su presunta vinculación con el terrorismo.
Críticas de la oposición: advertencias por libertades y soberanía
Desde Unión por la Patria, el diputado Marino cuestionó con dureza la iniciativa al sostener que se trata de “una extorsión política por Malvinas”, ya que a su entender el Gobierno habría unificado en un mismo texto las sanciones por la explotación ilegal de recursos en las islas con la creación del Consejo de Seguridad Nacional. “Buscan que votar en contra parezca votar contra Malvinas”, afirmó.
El legislador inscribe el proyecto en lo que define como un “plan continental de contrainsurgencia y terrorismo de Estado” liderado por la administración de Trump y sectores republicanos de Estados Unidos, con correlato en diversos acuerdos y conferencias regionales. Según su mirada, la norma permitiría integrar radares de otros países al sistema nacional, instalar radares militares en cualquier provincia sin aval local y habilitar la coordinación operativa con fuerzas extranjeras sobre territorio argentino.
“Es decir que no es una ley de defensa de la soberanía: es la ley que convierte el plan continental de Trump y Rubio en legislación interna”, concluyó Marino, al advertir también sobre el alcance del RePET, la posibilidad de congelar bienes sin orden judicial previa y la creación de un nuevo delito por manipular la opinión pública con financiamiento extranjero.
Con posiciones fuertemente enfrentadas, el Congreso se prepara para una discusión que no solo atraviesa la histórica causa Malvinas, sino que también reabre el debate sobre los límites entre seguridad y libertades públicas, el rol de las Fuerzas Armadas en democracia y el alineamiento geopolítico de la Argentina en un contexto internacional cada vez más tensionado.
