Diputados inicia el debate por una regulación del lobby
NewsITe
La Cámara de Diputados dio el puntapié inicial al tratamiento de la denominada “ley de lobby”, el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que propone crear un Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses. La discusión comenzó en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General, donde oficialismo y oposición expusieron coincidencias generales sobre la necesidad de regular esta actividad, aunque con fuertes matices sobre el alcance y las sanciones previstas.
La iniciativa busca poner bajo la luz pública las gestiones que empresas, cámaras empresarias, ONG, estudios jurídicos u otros intermediarios realizan ante funcionarios y legisladores para influir en las decisiones del Poder Ejecutivo y del Congreso. El objetivo central es que esas reuniones dejen de ocurrir en la informalidad y queden registradas, con información detallada sobre quiénes participan y qué intereses representan.
El primer expositor fue el diputado de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, quien presentó un proyecto alternativo, con puntos de contacto pero también diferencias con la propuesta oficial. El legislador sostuvo que la figura del lobista “tiene que tener transparencia, estar individualizada y dejar en claro qué intereses representa”, y cuestionó que la regulación de la gestión de intereses haya demorado tantos años en llegar al Congreso argentino.
Pichetto consideró que una ley de lobby debió haber sido “el primer tema” impulsado por un gobierno que se presenta como abanderado de la transparencia y la lucha contra “la casta”, incluso antes de avanzar con privatizaciones y desregulaciones. Además, criticó la redacción del proyecto oficial al señalar que las penas previstas para las infracciones son demasiado leves, y propuso vincular las conductas irregulares con figuras ya contempladas en el Código Penal, como el cohecho o la defraudación. También planteó la necesidad de establecer un período de enfriamiento para exfuncionarios y sus familiares, que les impida desempeñarse como lobistas inmediatamente después de dejar sus cargos.
Proyectos opositores y consensos sobre la necesidad de regular
Otro de los expositores fue el diputado nacional de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, autor de uno de los proyectos de regulación de la gestión de intereses. Ferraro sostuvo que contar con una ley de lobby hubiera sido clave en causas resonantes como la de $Libra, y reclamó “avanzar primero en este tipo de regulación antes de seguir tratando otras reformas sensibles”, como las vinculadas al régimen societario o al denominado Súper RIGI.
El legislador explicó que su propuesta se inscribe en una agenda histórica de la Coalición Cívica orientada a elevar los estándares de integridad, transparencia, rendición de cuentas, financiamiento de la política y acceso a la información pública. En esa línea, planteó que el país necesita un régimen “simple, claro y preciso” que no habilite simulaciones ni atajos para eludir los controles.
También participó del debate el diputado mandato cumplido Oscar Agost Carreño, impulsor de otro proyecto. El cordobés remarcó que el lobby “no debe ser prohibido ni demonizado”, porque la gestión de intereses “forma parte de la política” y se verifica en múltiples temas, desde la discusión por los octógonos nutricionales hasta la regulación del tabaco, la energía, la minería o la Ley Bases. La cuestión, planteó, es si esa actividad seguirá desarrollándose “en la oscuridad o la informalidad, en reuniones privadas, chats o viajes”, o si pasará a un esquema regulado y visible para la ciudadanía.
- Coincidencia general en crear un registro público de lobistas y gestiones de intereses.
- Debate sobre la dureza de las sanciones y los plazos para exfuncionarios que quieran dedicarse al lobby.
- Diferencias sobre el nivel de detalle de la información que deberán declarar los gestores de intereses y los funcionarios.
“El lobby regulado puede mejorar la calidad de las políticas públicas, pero si no es transparente puede generar una influencia indebida y una pérdida de confianza democrática”, advirtió Oscar Agost Carreño.
Cómo funcionaría el Registro de Gestiones e Intereses
El proyecto presentado por el Gobierno crea un Registro Público de Gestiones e Intereses en el que deberán inscribirse los lobistas y gestores. Allí deberán presentar declaraciones juradas detallando los intereses que representan, sus clientes o beneficiarios y la naturaleza de las gestiones que realicen.
Los registros deberán consignar, entre otros datos, la fecha, hora y modalidad del contacto (presencial, virtual u otro), el organismo o dependencia donde se realizó la gestión, la identidad del beneficiario y una síntesis de los temas tratados. Se prevén sanciones que van desde multas equivalentes a 500 salarios mínimos hasta la inhabilitación definitiva para ejercer como lobista en caso de infracciones graves.
La iniciativa incluye un capítulo específico para la representación clandestina de intereses extranjeros, que podría ser penada con prisión de seis meses a tres años y una inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena. A la vez, impone obligaciones a los funcionarios del Poder Ejecutivo y del Congreso, que deberán hacer públicas las audiencias que mantengan con lobistas y rendir cuentas sobre esos vínculos, en línea con estándares aplicados en otros países y organismos internacionales.
Con el inicio del tratamiento en comisiones, comienza ahora una etapa de negociaciones para acercar posiciones entre el oficialismo y la oposición. De ese proceso surgirán eventuales cambios al texto original, con el objetivo de alcanzar una regulación que logre equilibrar la profesionalización del lobby con la prevención de conflictos de intereses y el fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones.
