Debate en el Congreso por el alcance de las falsas denuncias
NewsITe
Diputadas del bloque Provincias Unidas de origen radical presentaron en la Cámara baja un proyecto de declaración para ratificar el compromiso de la Argentina con la Convención de Belém do Pará y rechazar la avanzada legislativa que impulsa la senadora de la UCR Carolina Losada, orientada a endurecer las penas por falsas denuncias y falsos testimonios en causas de violencia de género, abuso sexual y violencia contra niñas, niños y adolescentes.
La iniciativa, encabezada por María Inés Zigarán y Mariela Coletta, sostiene que el proyecto de Losada representa un claro retroceso en materia de derechos humanos de las mujeres y diversidades, al abrir la puerta a un posible efecto amedrentador sobre quienes se animan a denunciar hechos de violencia. Las legisladoras remarcan que cualquier modificación penal debe respetar los estándares internacionales que el país se comprometió a cumplir desde su adhesión, en 1994, a la Convención de Belém do Pará.
El texto presentado en Diputados cuenta con el acompañamiento de otros referentes de Provincias Unidas, como Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Esteban Paulón y Martín Lousteau, además de la diputada de la Coalición Cívica Mónica Frade. En los fundamentos, Zigarán y Coletta advierten que el impulso de normas que agravan penas en base a un diagnóstico no respaldado por la evidencia estadística «configura un escenario de regresividad normativa que vulnera el principio de progresividad en materia de derechos humanos».
Denuncia contra Losada y datos sobre la incidencia de falsas denuncias
El 11 de mayo pasado, un grupo de reconocidos profesionales de la psicología, el derecho y las ciencias sociales, junto con referentes de derechos humanos, presentó una denuncia ante la Justicia Federal contra la senadora santafesina. La acusan de impulsar un plan de coacción e intimidación hacia profesionales que trabajan con niñas, niños y adolescentes víctimas de abusos sexuales, con el fin de disuadir la denuncia y el acompañamiento a las víctimas.
La presentación está encabezada por el ex juez de Cámara Federal Carlos Rozanski, la psicóloga y periodista Liliana Hendel y la socióloga e investigadora Dora Barrancos, y suma las firmas de referentes como Nora Schulman, Nelly Minyersky, Taty Almeyda, el sacerdote Francisco “Paco” Olveira, la diputada Mónica Macha, Susana Toporosi, Diana Maffia y el científico Alberto Kornblihtt, entre muchas otras voces del campo de los derechos humanos.
En la denuncia se subraya que el proyecto de Losada carece de respaldo estadístico sólido. Según un informe del Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos, elaborado sobre más de 8 millones de causas penales de 17 provincias entre 2023 y 2025, solo se iniciaron 7.517 investigaciones por presuntas falsas denuncias: el 0,09% del total, es decir, una cada 1.098 causas. En el caso de falsos testimonios, la tasa ronda el 0,025% (una cada 3.940 causas).
Alcance del proyecto de Losada y críticas de especialistas
La propuesta de la senadora radical apunta a endurecer penas ya previstas en el Código Penal. Para el delito de denuncia falsa (artículo 245), cuando se trate de casos vinculados a violencia de género, abuso sexual o violencia contra niños, la escala actual de 2 meses a 1 año de prisión pasaría a un mínimo de 3 y un máximo de 6 años, transformando el delito en no excarcelable. En cuanto al falso testimonio (artículo 275), la pena subiría del rango de 1 mes a 4 años a otro de 3 a 8 años de prisión.
Losada fundamenta su iniciativa en lo que describe como una proliferación de medidas judiciales dictadas sin pruebas suficientes en causas de violencia de género o intrafamiliar, que generarían consecuencias graves para las personas denunciadas. Sin embargo, los especialistas advierten que el endurecimiento punitivo aplicado específicamente a este tipo de procesos puede tener un efecto inhibidor sobre las víctimas, que podrían sentirse amenazadas por la posibilidad de terminar imputadas si su denuncia no prospera.
- Menos del 0,1% de las causas penales relevadas derivan en investigaciones por supuestas falsas denuncias.
- El 86% de esos casos responde a conflictos patrimoniales o laborales, no vinculados a violencia de género o intrafamiliar.
“Este dato refuta empíricamente la premisa central del proyecto de ley: no existe evidencia de una proliferación de falsas denuncias que justifique una reforma penal”, señala el informe del Observatorio de Violencia de Género.
Organizaciones feministas y de derechos humanos sostienen que el foco de la política pública debe seguir puesto en garantizar el acceso a la Justicia, la protección y la reparación para víctimas de violencias, en línea con los compromisos asumidos por Argentina en el sistema interamericano. La discusión legislativa que se reabra en el Congreso estará atravesada por este debate de fondo: cómo compatibilizar las garantías para las personas denunciadas sin desalentar las denuncias en un país donde la mayoría de los casos de violencia de género y abusos sexuales aún permanece en la sombra.
